El 2026 marcará un punto de inflexión para la democracia guatemalteca. La renovación simultánea del Tribunal Supremo Electoral (TSE) , el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC), y la Contraloría General de Cuentas (CGC) abre una oportunidad histórica —y también un riesgo— para el fortalecimiento institucional del país.
José Cancinos/ laprensadeoccidente.com.gt
Eduardo Núñez, director del Instituto Nacional Demócrata (NDI) en Guatemala, explica el alcance de la iniciativa Dilemas de Fondo y lanza un llamado directo a abogados de Quetzaltenango para que se involucren activamente y se postulen a estos cargos clave.
¿Qué es la iniciativa Dilemas de Fondo?
—Dilemas de Fondo es una iniciativa de coordinación interinstitucional e interorganizacional que reúne a actores nacionales y organizaciones internacionales. Su objetivo es promover la deliberación y el debate público en Guatemala alrededor de problemas estructurales que enfrenta el país. Son dilemas porque no tienen una sola respuesta; existen múltiples soluciones posibles y lo que buscamos es poner a dialogar todas esas visiones.
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¿Por qué este momento es especialmente relevante para la democracia guatemalteca?
—Este año se presenta una singularidad histórica. En 2026 coinciden los ciclos constitucionales de renovación de los principales órganos de control democrático. No ha ocurrido algo así desde la transición a la democracia ni desde la promulgación de la Ley de Comisiones de Postulación. Esto representa una oportunidad para que la sociedad guatemalteca se reconcilie y confluya en una agenda de fortalecimiento institucional.
¿En qué consiste el programa de información y formación que están impulsando?
—Estamos estructurando un programa centrado en abogados y abogadas, porque son quienes tienen prioridad legal para competir por estos cargos, especialmente para el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. La esencia es promover procesos electivos transparentes, que se cumplan los plazos constitucionales y que haya la mayor participación posible. Entre más candidatos y candidatas existan, mejor será la evaluación de competencias, capacidades e idoneidad.
¿Por qué es tan importante que la ciudadanía y los profesionales del derecho se interesen en el Tribunal Supremo Electoral?
—Muchas personas entienden la importancia de elegir alcalde, diputado o presidente, pero ven muy lejano al Tribunal Supremo Electoral, a la Fiscalía o a la Corte. Sin embargo, estas instituciones forman parte de un sistema diseñado para proteger los derechos de cada ciudadano. El TSE es la institución que decide quién puede competir en una elección, qué partidos se inscriben y quién gana. Su papel no es menor; es central para la legitimidad democrática.
¿Cuáles son los temas clave que se abordan en la formación sobre el TSE?
—Primero, entender qué es el Tribunal Supremo Electoral, cuáles son sus funciones estratégicas y por qué su elección es tan relevante. Segundo, definir el perfil idóneo de los magistrados y magistradas. No basta con conocimiento jurídico; se requiere especialización en derecho electoral, experiencia en organización de elecciones y capacidades administrativas y logísticas. Y tercero, explicar cómo funciona el proceso de selección y elección, desde la conformación del expediente hasta el trabajo de la Comisión de Postulación y la decisión del Congreso.
¿Qué rol puede jugar la ciudadanía común en estos procesos?
—Lo primero es interesarse e informarse. La democracia no se sostiene solo con elecciones generales cada cuatro años; se apoya en un sistema institucional menos visible, pero igual de importante. El segundo paso es vigilar. Guatemala tiene una tradición de auditoría social que debe fortalecerse, acompañando el trabajo de las comisiones de postulación y el proceso de elección en el Congreso. Y lo tercero es debatir. Tenemos que perderle miedo al debate sobre qué tipo de tribunal queremos y qué magistrados necesitamos.
Finalmente, ¿qué mensaje envía a los profesionales de las Ciencias Jurídicas de Quetzaltenango?
—Ojalá muchos profesionales del derecho de Quetzaltenango tomen la decisión de competir. Necesitamos más gente buena, preparada y competente que aspire a estos cargos. No solo para el Tribunal Supremo Electoral, sino también para el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. Guatemala necesita que más abogados den el paso y asuman la responsabilidad histórica de fortalecer sus instituciones.
Lo que marcará la diferencia
La advertencia y el llamado son claros: el futuro de la democracia guatemalteca no se definirá únicamente en las urnas, sino en quiénes integren las instituciones que garantizan elecciones legítimas y derechos ciudadanos. En ese desafío, Quetzaltenango tiene un papel clave. La decisión de participar —o de guardar silencio— marcará la diferencia entre un sistema fortalecido o una oportunidad histórica perdida.
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