La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- presentó el informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”, elaborado tras su visita al país del 22 al 26 de julio de 2024.
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El documento examina los principales desafíos que limitan el ejercicio de los derechos humanos, el deterioro de la institucionalidad democrática y de la independencia judicial. Además, actualiza el panorama desde la última visita de 2017 hasta 2025.
La CIDH concluye que Guatemala enfrenta graves riesgos para la gobernabilidad y el Estado de derecho debido al control de instituciones públicas por grupos políticos y económicos que buscan mantener privilegios y garantizar impunidad.
El informe denuncia que el Ministerio Público ha sido cooptado y desmantelado, abandonando su mandato constitucional para convertirse en un instrumento de persecución selectiva.
En lugar de combatir la impunidad, la institución —incluyendo la FECI— ahora protege el statu quo y criminaliza a quienes lo cuestionan, desde operadores de justicia y periodistas hasta las máximas autoridades del gobierno electo, socavando la democracia y fomentando la autocensura.
El informe revela la grave crisis institucional del Ministerio Público:
- Pérdida de autonomía: La institución ha sido cooptada para servir intereses particulares y no el interés general.
- Persecución selectiva: La FECI pasó de combatir la impunidad a perseguir a opositores, periodistas y operadores de justicia.
- Ataque a la democracia: Se evidencian intentos continuos por socavar los resultados electorales de 2023 y la legitimidad del actual gobierno.
- Criminalización generalizada: La persecución penal se ha expandido hacia defensores de derechos humanos, líderes indígenas y académicos, generando un clima de miedo y autocensura.
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La situación se agrava por la complicidad del sistema judicial, que persigue sin garantías a quienes actúan conforme a derecho, forzando a muchos al exilio.
Paralelamente, el Estado ha abandonado sus obligaciones internacionales: se obstaculizan los juicios por crímenes de guerra, se amenaza con amnistías y se desmantela la institucionalidad creada por los Acuerdos de Paz, dejando a las víctimas sin verdad ni justicia.
El documento destaca cómo el sistema de justicia ha sido capturado:
- Justicia «a medida»: Jueces y fiscales alineados con intereses corruptos validan persecuciones ilegales, mientras hostigan y expulsan al exilio a los operadores de justicia independientes.
- Impunidad garantizada: Se archivan y estancan investigaciones sobre gran corrupción y violaciones de DD.HH. del pasado.
- Golpe a la paz: El desmantelamiento de las instituciones derivadas de los Acuerdos de Paz impide al Estado cumplir con la reparación digna y la no repetición de los crímenes del conflicto armado.
Urgen reformas en la CC, TSE y MP
La CIDH advierte que la impunidad en Guatemala se ha profundizado, especialmente en casos de corrupción de alto impacto y crímenes del conflicto armado. Durante su visita, identificó obstáculos sistemáticos a la justicia transicional, intentos de impulsar amnistías y un desmantelamiento de instituciones creadas tras los Acuerdos de Paz, lo que limita la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación.
El informe urge a implementar reformas estructurales que fortalezcan la independencia judicial y aseguren procesos transparentes para elegir nuevas autoridades en la Corte de Constitucionalidad -CC-, el Tribunal Supremo Electoral -TSE- y la Fiscalía General -MP-, vistos como oportunidades para recuperar legitimidad y reforzar la institucionalidad democrática.
Pobreza, desigualdad y discriminación
Además, la CIDH señala que Guatemala mantiene serios desafíos para reducir la pobreza, la desigualdad y la discriminación, especialmente hacia pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales.
Estas condiciones, sumadas a la concentración del poder económico, la baja recaudación fiscal y la corrupción, siguen limitando el acceso a derechos esenciales como agua, salud, educación, alimentación, trabajo y un ambiente sano.
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La CIDH señala que los pueblos indígenas continúan viviendo en condiciones de profunda desigualdad, con limitaciones en servicios básicos, vivienda digna, empleo y acceso a la justicia.
Además, la falta de certeza jurídica y la coordinación entre empresas privadas y autoridades judiciales ha provocado despojos y desalojos forzados de tierras ancestrales, agravados por la pobreza, el cambio climático y la migración.
El informe también advierte que defender derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en Guatemala, especialmente para comunidades indígenas, campesinas y personas que protegen la tierra y el ambiente.
Las mujeres defensoras enfrentan, además, violencia de género y patrones diferenciados de criminalización. Aunque existen avances institucionales, la CIDH subraya la urgencia de implementar plenamente la política de protección ordenada por la Corte Interamericana.
Asimismo, el documento expone las persistentes desigualdades que afectan a grupos como personas afrodescendientes, mujeres, población LGBTI, niñez, personas mayores, con discapacidad, migrantes y privadas de libertad.
Aunque se reconocen esfuerzos para atender sus necesidades, el país aún enfrenta grandes retos para garantizar sus derechos en igualdad de condiciones.
