El juez Miguel Ángel del Valle Ralda, del Juzgado de Primera Instancia Civil de Quetzaltenango, anuló cinco demandas del INDE por cobros de energía eléctrica.

Redacción/ laprensadeoccidente
El alcalde de Quetzaltenango, junto al Concejo Municipal y el asesor jurídico Eduardo Castillo, en conferencia de prensa, anunciaron la semana pasada dicha resolución; el INDE afirma que es ilícita y presentó recursos legales contra las resoluciones.
Las resoluciones dejan sin efecto los expedientes No. 09006-2006-1096, 09049-2011-12, 09049-2012-672, 09006-2017-723 y 09049-2021-148, en los que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) reclamaba más de Q1,600 millones a la comuna altense.
Según el fallo, el INDE utilizó un procedimiento ejecutivo incorrecto, criterio que coincide con resoluciones previas de la Corte de Constitucionalidad.
El asesor jurídico Eduardo Castillo indicó que la Municipalidad de Quetzaltenango iniciará un nuevo proceso legal para cerrar los expedientes de forma definitiva y evaluará acciones judiciales contra el INDE.

“Resolución ilícita”, dice el INDE
El Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo Civil de Quetzaltenango resolvió declarar la “enmienda de procedimiento” de cinco sentencias favorables al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.
En 2006, 2011, 2012, 2017 y 2021 el INDE demandó a la municipalidad de Quetzaltenango para reclamar el pago de mil setecientos millones de quetzales por el suministro de energía a la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango.
Todas las sentencias fueron confirmadas en apelación. Ordenaron el cumplimiento del pago por parte de la Municipalidad de Quetzaltenango.

En agosto pasado, durante la ejecución de sentencia, se ordenó al Concejo Municipal incluir Q700 millones en el presupuesto 2026.
Sin embargo, según el comunicado del INDE, un juez abusó de su autoridad y violó la ley al modificar procedimientos ya resueltos.
El fallo judicial rechazó demandas del INDE que ya habían concluido con sentencia firme, lo que genera preocupación institucional.
El INDE presentó recursos legales contra las resoluciones. También pidió que se certifique lo necesario para procesar por prevaricato al juez que emitió dichas decisiones.
La deuda municipal, que la comuna altense se niega a pagar, afecta a gran parte del pueblo de Guatemala.
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El monto equivale a dos años del aporte del INDE a la tarifa social que beneficia a millones de familias en todo el país.
El INDE advierte que lo más grave es que algunos jueces continúan destruyendo la certeza jurídica en Guatemala.
La institución aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre las acciones legales que emprenda en defensa del Estado de derecho y de los intereses nacionales.



