En Guatemala, persiste una noción profundamente arraigada: que el gobierno central, especialmente el poder ejecutivo, tiene el deber —y la capacidad inmediata— de resolver cualquier problema, sea público o privado.
Mynor Hernández Fernández
Esta expectativa, alimentada por décadas de clientelismo y débil institucionalidad, ha convertido al Estado en una especie de “padre proveedor” al que todos recurren cuando las cosas se complican. El caso más reciente es el de los grandes exportadores, que hoy exigen una respuesta oficial tras la imposición de un arancel del 10% por parte de Estados Unidos.
Lo paradójico es que estos mismos grupos, habitualmente reacios a la intervención estatal, ahora piden que el gobierno los respalde y negocie en su nombre. Y sí, en este caso la respuesta es rápida: se les escucha, se les promete una solución. En cambio, los pequeños empresarios, sin poder de lobby deben seguir adelante por su cuenta.
Mientras tanto, distintos sectores del sector público también exigen. A raíz del cuestionado aumento salarial aprobado por los diputados para sí mismos, empleados estatales han empezado a solicitar ajustes similares.
El país se encuentra así en un escenario de presiones simultáneas. El gobierno, como una figura paterna complaciente, intenta no decir que no, pero tampoco se compromete con claridad sobre el cuándo. Esa ambigüedad erosiona la autoridad estatal y alimenta el desgaste político. Gobernar debería basarse en el respeto a la ley, en reglas claras, no en respuestas improvisadas o reactivas. Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo enfrenta serias dificultades para ejecutar su visión de Estado. Cualquier intento de reforma o acción gubernamental es rápidamente bloqueado por protestas, presiones o bloqueos de carretera. La gobernabilidad se ha convertido en un equilibrio frágil entre ceder, resistir o simplemente postergar.
“Quienes ocupan la Casa Presidencial llegaron por voluntad propia. Asumieron un compromiso con la ciudadanía y ahora deben ejercer el poder con determinación y estrategia”
Hay demandas legítimas, como las del personal de Salud, cuya importancia quedó clara durante la pandemia. Pero otras parecen diseñadas para frenar al gobierno y debilitar su gestión desde adentro. No es coincidencia: algunos sectores ya anticipan que Arévalo no terminará su mandato y buscan ganar terreno con antelación, especialmente de cara a procesos clave como la elección del nuevo fiscal general.
Gobernar Guatemala nunca ha sido fácil. Pero quienes ocupan la Casa Presidencial llegaron por voluntad propia. Asumieron un compromiso con la ciudadanía y ahora deben ejercer el poder con determinación y estrategia.
Es momento de priorizar a quienes más lo necesitan y dejar que los sectores privilegiados enfrenten los retos derivados de sus propias decisiones. Si no son capaces de competir sin ayuda estatal, quizás el problema no está en el gobierno, sino en su modelo de negocio.
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