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Elección en la Corte de Constitucionalidad, una decisión para recuperar el estado de derecho

La elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó de ser un proceso técnico y discreto. En Quetzaltenango, el debate se volvió abierto y frontal. 

José Cancinos/ laprensadeoccidente.com.gt

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, candidatos a magistrada titular y suplente, respectivamente, llevaron un mensaje directo: Guatemala no avanza porque su máximo tribunal constitucional no cumple su misión.

Quetzaltenango alza la voz: Una elección de segundo grado que definirá el rumbo institucional del país, el voto del gremio jurídico vuelve a ocupar un lugar central en la responsabilidad histórica.

Autocrítica del gremio jurídico

En un contexto de desconfianza ciudadana y desgaste institucional, la visita de Lemus y Bermejo trascendió una gira informativa. Se convirtió en un llamado político y jurídico a quienes participarán en una de las decisiones más relevantes del sistema democrático: la integración de la Corte de Constitucionalidad, órgano encargado de interpretar la Constitución y fijar los límites del poder público.

Lemus inició su intervención con una autocrítica poco común en escenarios electorales. Reconoció que el gremio jurídico permitió, en el pasado, el debilitamiento de las instituciones. “Esa también es nuestra responsabilidad”, afirmó, al advertir que hoy no existe margen para la indiferencia.

La candidata señaló que esta elección de segundo grado, en la que no vota la ciudadanía sino cuerpos colegiados, definirá si Guatemala recupera el Estado de Derecho o profundiza la crisis institucional.

Exigencia de instituciones funcionales

El mensaje encontró eco en Occidente, donde, según Lemus, la sociedad civil expresa con mayor claridad su hartazgo frente a la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias. A diferencia de la capital, afirmó, en el interior del país la exigencia de instituciones funcionales resulta más urgente.

“¿A quién puede acudir la población si los órganos de justicia son parte del problema?”, cuestionó.

Lemus subrayó la contradicción entre una Constitución avanzada y una realidad marcada por pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. Recordó que Guatemala partió de condiciones similares a países que hoy son potencias económicas, pero no logró desarrollarse por una razón clave: sin certeza jurídica no existe crecimiento posible.

Críticas a la Corte de Constitucionalidad

La candidata dirigió críticas directas a la actual Corte de Constitucionalidad. Aunque la CC no imparte justicia ordinaria, ocupa la cúspide del sistema jurídico y sus resoluciones impactan la vida económica, social y política del país.

Cuando la Corte de Constitucionalidad falla, incumple sus propias sentencias o tolera arbitrariedades, el daño se traduce en inseguridad jurídica, caída de la inversión y pérdida de confianza, afirmó Lemus.

Advirtió que el máximo tribunal ha dejado de cumplir su mandato constitucional de proteger el orden constitucional y los derechos fundamentales. Señaló decisiones contradictorias, prácticas arbitrarias y el incumplimiento de fallos firmes, factores que —según dijo— convierten a la CC en una fuente de incertidumbre.

Independencia y trayectoria

Para sustentar su propuesta, Lemus destacó su trayectoria académica y pública de más de cuatro décadas. Recordó su paso por la Corte Suprema de Justicia, donde, aseguró, el objetivo consistía en dar efectos reales a la Constitución en la vida de las personas, no solo emitir resoluciones.

Contrastó esa experiencia con la situación actual, que describió como una justicia alejada del ciudadano y deshumanizada.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue su decisión de no buscar designaciones políticas. Lemus afirmó que no pretende llegar a la Corte con compromisos ni deudas, y que su único vínculo será con la Asamblea del Colegio de Abogados y con el pueblo de Guatemala, lo que le permitirá actuar con independencia.

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Una decisión clave

La elección del próximo 4 de febrero no será un trámite gremial. Representará una decisión silenciosa, pero determinante, para definir si la Corte de Constitucionalidad recupera su papel como garante del orden constitucional o profundiza la crisis institucional.

Occidente ya entró en la disputa. Ahora, la responsabilidad recae en quienes votan cuando el país no puede hacerlo de forma directa. Esta vez, mirar hacia otro lado ya no es una opción.

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“¿A quién puede acudir la población si los órganos de justicia son parte del problema?”, cuestionó.

Lemus subrayó la contradicción entre una Constitución avanzada y una realidad marcada por pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. Recordó que Guatemala partió de condiciones similares a países que hoy son potencias económicas, pero no logró desarrollarse por una razón clave: sin certeza jurídica no existe crecimiento posible.

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Cuando la Corte de Constitucionalidad falla, incumple sus propias sentencias o tolera arbitrariedades, el daño se traduce en inseguridad jurídica, caída de la inversión y pérdida de confianza, afirmó Lemus.

Advirtió que el máximo tribunal ha dejado de cumplir su mandato constitucional de proteger el orden constitucional y los derechos fundamentales. Señaló decisiones contradictorias, prácticas arbitrarias y el incumplimiento de fallos firmes, factores que —según dijo— convierten a la CC en una fuente de incertidumbre.

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Contrastó esa experiencia con la situación actual, que describió como una justicia alejada del ciudadano y deshumanizada.

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