La medida otorga el uso de fondos del IUSI e IVA–Paz para cubrir gastos de la calamidad. También se les permite adquirir bienes de forma directa por hasta Q300 mil.
Por Mirna Alvarado
El Congreso aprobó el decreto 12–2020 Ley de Emergencia, el cual las alcaldías podrán agilizar compras y gastos, (para responder al COVID-19), durante el estado de calamidad, vigente hasta el 5 de mayo.
El acuerdo establece varios índices con los que se le da vía a los gobiernos locales para utilizar los fondos a discreción.
En principio los gobiernos locales deben Colaborar con el ministerio de Salud, lo que significa que los alcaldes deberán apoyar al personal de esa cartera, en el momento que sea solicitado su apoyo durante la emergencia, según lo establece el artículo 6, eso incluye facilitar instalaciones y habilitarlas para la atención médica.
Antes de la aprobación de este acuerdo la alcaldía de Quetzaltenango que proporcionó instalaciones para este fin, pues autorizó el uso del edificio materno infantil ubicado en el Hospital Regional de Occidente, el cual costó Q2 millones 456 mil y que dicho sea de paso no ha sido entregado debido a un proceso judicial.
Además, se iniciaron las reparaciones en el salón de exposiciones Centro de Ferias y Mercadeo de Quetzaltenango (Cefemerq), para ser utilizado como hospital provisional.
La comuna altense también apoya con personal municipal para los trabajos de adecuación en CEFEMERQ.
Reportes de prensa dan cuenta que otra municipalidad que realizó gastos antes de aprobarse esta ley fue “Taxisco” que contrató a una empresa para que realizara la reparación de un techo de palma en el centro de salud para atender de mejor manera a los pacientes.
Miguel Ovalle presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), aseguró que se mantiene coordinación con los alcaldes en sus 12 sedes regionales, para brindar el apoyo al gobierno en lo que sea necesario para hacer frente a la crisis.
Menciono que la municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa, habilitará un centro de aislamiento para diez personas en caso se reporten casos positivos de COVID-19, los gastos que represente el centro serán cubiertos con sus propios recursos.
Otra de las facilidades que tendrán las comunas es comprar de forma directa todo los bienes e insumos relacionados a la prevención del COVID-19, por un monto tope de Q300 mil.
El economista Álvaro Trujillo señala que elevar la compra directa de Q90 mil a Q300 mil puede generar abuso de parte de las municipalidades, “la discrecionalidad que se le otorga a las municipalidades genera duda porque tienen la facilidad para elegir la empres el tipo de compras sin ningún proceso de evaluación, la elección es a dedo y no importando los precios y la calidad de producto”, asegura.
Trujillo agregó que “las municipalidad están caracterizadas por ser desordenadas en la ejecución de proyectos y ejecución de compras, lo que puede representar sobre precio en los productos que incluso las compras que se registren puede que no sean para atender la emergencia”.
Otro aspecto que se considera en este decreto es la obtención de más recursos para funcionamiento, los jefes alcaldes podrán disponer de los ingresos que recauden del Impuesto Único Sobre Inmueble (IUSI) para atender los gastos de emergencia, excepto incrementar la planilla de empleados.
Los fondos que vienen del ministerio de Finanzas, como el IVA–Paz, también los podrán utilizar, menos el dinero que reciben del situado constitucional pues este estipula que su destino deben ser las obras.
Además los jefes ediles podrán disponer para cubrir la emergencia todo aquello que recauden del IUSI (impuesto sobre inmuebles).
Según datos del Ministerio de Finanzas, hay 24 municipalidades que no recaudan el IUSI. Estas son de los departamentos de Chimaltenango, Huehuetenango, Jutiapa, Sololá y San Marcos.
