Recientemente Estados Unidos sumó a la lista de corrupción a 27 guatemaltecos, entre ellos el ex alcalde Jorge Rolando Barrientos, este inventario fue emitido por el Departamento de Estado, en el cual incluye a 85 personas que pudieron cometer actos de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Por Mirna Alvarado/La Prensa de Occidente
El informe señala que la corrupción en los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, “es endémica, sistémica y se encuentra entre los principales desafíos que enfrentan en estos países”.
Además menciona que la corrupción y la impunidad contribuyen a la inmigración ilegal a los Estados Unidos y a debilitar el crecimiento económico, el estado de Derecho y facilitar la delincuencia organizada transnacional.
Qué significa esto para los 27 aludidos, que podrían aplicarles la La Ley Magnitsky que contempla la posibilidad de aplicar sanciones a personas o entidades jurídicas sospechosas de cometer delitos de corrupción; ya no pueden entrar a Los Estados Unidos y quedan el lista negra de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés). Además, embargo de bienes en EE. UU., y prohibición de hacer negocios con entidades y personas norteamericanas. Por ejemplo no cuentas bancarias ni tarjetas de crédito.
La opinión de “Mito”
El exalcalde Barrientos comenta que la medida afecta el principio de la Presunción de Inocencia, “Es una medida que no comparto porque todos son inocentes hasta que una sentencia condenatoria esté firme”, dijo.
Barrientos agregó que de comprobar su inocencia y se concluya el caso en el cual se le señala corrupción, solicitará al departamento de Estado de Estados Unidos una reconsideración de la medida.
“El problema para el ex alcalde, está en el hecho de que socialmente es un desprestigio. Jurídicamente es un aviso de que podría darse una investigación internacional”, comenta el abogado José Carlos Méndez.
Sobre el caso de corrupción
El martes 4 de junio en el Juzgado de Mayor Riesgo se desarrollara una audiencia relacionada al caso de corrupción ocurrido en la Municipalidad Altense en la administración de Jorge “Mito” Barrientos en la que se pretende resolver solicitudes extraordinarias presentadas por el Ministerio Público y algunos defensores.
“Se van a discutir y resolver solicitudes de todas las partes, sabemos que el Ministerio Publico ha pedido autorizaciones para diligencias de investigación, informes, por nuestra parte vamos a plantear acciones de algunas resoluciones que se han dado que consideramos que no se han tomado en cuenta algunas disposiciones legales”, afirmó el abogado Francisco Cotom.
La audiencia de etapa intermedia se realizará el 8 de julio, por lo que se espera resolver todos los pendientes en la cita del martes.
