Una extrabajadora de la municipalidad de Quetzaltenango denunció que sufrió maltrato y discriminación en Casa Casa No’j, que involucra a Edgar López, director de dicho centro, quien supuestamente la despidió.
Redacción/laprensadeoccidente.com.gt
Inicio del conflicto
A mediados de 2024, una trabajadora del Centro Cultural Casa No’j, de la Municipalidad de Quetzaltenango, comenzó a experimentar situaciones de inseguridad laboral. Según la denuncia de su abogada, Sara Trocoli, la mujer permanecía en el primer nivel del edificio, donde ingresaban hombres en estado de ebriedad y la abordaban.
La afectada solicitó al director Edgar Aroldo López Morales que gestionara seguridad o que la trasladara a otra área, pero él se negó. Ante la insistencia, la trabajadora recurrió al jefe de la Policía Municipal, quien asignó un agente. Esta acción provocó la molestia de López Morales.
Agravamiento de la situación
En junio de 2024, el conflicto se intensificó cuando el hermano del director ingresó a las oficinas, sustrajo materiales (como tinta y tóner) e introdujo maquinaria no registrada en los inventarios oficiales. La trabajadora informó lo sucedido en un grupo de WhatsApp de trabajadoras y el gerente municipal acudió a verificar. Se inició un proceso administrativo.
Desde ese momento, López Morales asumió que ella lo había «delatado», y comenzó un acoso sistemático, restricciones para ingerir alimentos en el lugar, negar el uso de sanitarios y agresiones verbales con el fin de que renunciara.
Denuncias internas sin respuesta
De julio a septiembre de 2024, la afectada documentó sus quejas en un oficio dirigido al director, sin obtener respuesta. Luego acudió a Recursos Humanos y a una gerencia municipal, pero tampoco fue escuchada. Esto la llevó a presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP).
Reacción institucional
En octubre de 2024, después de presentar la denuncia en el MP, la trabajadora fue destituida de su cargo.
Inacción y desestimación del MP
Hasta mediados de 2025, la Fiscalía de la Mujer desestimó la denuncia, argumentando que no constituía un delito de violencia contra la mujer. Trocoli apeló la decisión, señalando que no se estaban tomando en cuenta hechos clave, como la negativa de la víctima a participar en presuntos actos de corrupción en Casa No’j, lo que habría originado el acoso.
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Reapertura judicial del caso
El 18 de junio de 2025, el Juzgado B de Primera Instancia de Femicidio de Quetzaltenango, a cargo del juez Edgar de León Estrada, aceptó la oposición a la desestimación y ordenó que el expediente fuera remitido a otro fiscal, mientras el Juzgado de Trabajo ordenó la reinstalación a sus labores.
Municipalidad desobediente
El 10 de julio de 2025, la Municipalidad de Quetzaltenango no acató la orden de reinstalar a la trabajadora, lo que provocó una sanción económica contra la comuna. Además, Trocoli evalúa solicitar medidas de protección a favor de la denunciante, en caso de ser reinstalada compartiría espacio con su presunto agresor.
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Declaraciones del acusado
El director Edgar Aroldo López Morales ha declarado no conocer a fondo la situación actual y que no ha sido notificado formalmente de la reapertura del caso. Reconoce a la denunciante como ex trabajadora del lugar, pero prefiere no emitir comentarios que puedan ser usados en su contra.
La abogada Trocoli ha manifestado su intención de ampliar los cargos, presentar denuncias ante otras instancias como la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo, y que el caso sea tomado por la Fiscalía Contra la Discriminación debido a la aparente falta de objetividad del MP local.
Este caso refleja un proceso prolongado en el tiempo con múltiples niveles de omisión institucional: desde las autoridades ediles que ignoraron las denuncias internas y desobedeció un fallo judicial; hasta el MP que desestimó la denuncia.
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