Un nuevo análisis de Save the Children y UNICEF revela que, a menos que se tomen medidas urgentes, el número de niños que viven en hogares pobres en los países de bajos y medianos ingresos podría aumentar un 15%, hasta alcanzar un total de 672 millones.
Por La Redacción
Las repercusiones económicas de la pandemia de la COVID-19 podrían provocar que, para finales de 2020, otros 86 millones de niños se sumen a todos aquellos que ya se encuentran viviendo en hogares pobres, un aumento de un 15%, según un nuevo análisis publicado por Save the Children y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En el análisis se pone de manifiesto que, si no se toman medidas urgentes para proteger a las familias de las dificultades económicas planteadas por la pandemia, el número total de niños que viven por debajo del umbral nacional de pobreza en los países de bajos y medianos ingresos podría alcanzar los 672 millones a finales de este año.
El aumento más considerable, de hasta un 44%, podría registrarse en los países de Europa y Asia Central, mientras que en América Latina y el Caribe podría producirse un aumento del 22%.
“La pandemia del coronavirus ha desencadenado una crisis socioeconómica sin precedentes que está agotando los recursos de las familias de todo el mundo”, afirmó Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. “El alcance y la profundidad de las dificultades económicas que están afrontando las familias podrían revertir años de avances en la reducción de la pobreza infantil y privar a los niños de los servicios esenciales. Sin una acción concertada, las familias a las que ya les cuesta salir adelante podrían caer en la pobreza, y las familias más pobres podrían enfrentarse a niveles de escasez que no se han visto en décadas”.
Save the Children y UNICEF advierten de que la repercusión de la crisis económica mundial ocasionada por la pandemia y derivada de las políticas de contención tiene dos vertientes. Por un lado, la pérdida inmediata de los ingresos hace que las familias encuentren más dificultades para obtener productos básicos como agua y comida, tengan menos probabilidades de acceder a la atención médica o la educación, y estén más expuestas al peligro del matrimonio infantil, la violencia, la explotación y el abuso. Por otro lado, cuando tiene lugar una contracción fiscal, el alcance y la calidad de los servicios de los que dependen las familias también pueden disminuir.
Para las familias más pobres, la falta de acceso a los servicios de atención social o las medidas compensatorias limitan aún más su capacidad para cumplir con las medidas de contención y distanciamiento físico y, como consecuencia, aumentan su exposición a la infección.
“Las terribles repercusiones de la pandemia de la COVID-19 sobre la pobreza afectarán más duramente a los niños, que son altamente vulnerables incluso a períodos breves de hambre y desnutrición que podrían afectarles el resto de su vida. Si actuamos con prontitud y firmeza, podremos prevenir y contener los riesgos que plantea la pandemia para los países más pobres y para algunos de los niños más vulnerables. Este informe debería ser una llamada de atención para el mundo. La pobreza no es inevitable para los niños”, aseguró Inger Ashing, Directora General de Save the Children International.
Antes de la pandemia, dos terceras partes de los niños del mundo carecían de acceso a cualquier forma de protección social, lo cual impide a las familias resistir las crisis financieras y perpetúa el ciclo vicioso de la pobreza intergeneracional. Solo el 16% de los niños de África cuentan con protección social.
Para abordar y mitigar los efectos de la COVID-19 sobre los niños de los hogares pobres, Save the Children y UNICEF instan a ampliar rápidamente y a gran escala los sistemas y los programas de protección social, tales como las transferencias en efectivo, la alimentación escolar y las prestaciones por hijos a cargo.
Asimismo, los gobiernos deben invertir en otras intervenciones en materia de protección social, políticas fiscales, empleo y mercado laboral, con el fin de proteger a las familias. Esto incluye ampliar el acceso universal a una atención de la salud de calidad y a otros servicios, así como invertir en políticas favorables a la familia, como las licencias remuneradas y los servicios de atención para los niños.
