El Consejo Europeo decidió hoy imponer medidas restrictivas contra tres personas y una entidad relacionadas con acciones que socavan la democracia y el estado de derecho en Guatemala.
El Consejo sigue profundamente preocupado por las acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, incluyendo la persistente instrumentalización del sistema de justicia.
El Consejo está especialmente preocupado por los continuos ataques contra el gobierno democráticamente electo del presidente Arévalo y el uso indebido de medidas legales y procesales contra funcionarios electos, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y operadores judiciales independientes.
Por ello, el Consejo ha incluido en su lista a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) , a su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle por acciones que atentan contra el Estado de derecho en Guatemala, consistentes en persecución e intimidación a representantes de los medios de comunicación, a abogados, jueces y fiscales.
El FCT y sus miembros atacados han iniciado una multitud de investigaciones criminales contra operadores de justicia, periodistas y representantes del gobierno, y han intimidado a la sociedad civil y al poder judicial.
Además, el Consejo Europeo del Consejo de la UE ha impuesto medidas restrictivas al Juez de Primera Instancia Penal del Juzgado Décimo de Primera Instancia de Guatemala, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez por acciones que atentan contra la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, como la persecución e intimidación a los representantes de los medios de comunicación, y a los abogados y fiscales en Guatemala.
Las medidas restrictivas de la UE se aplican ahora a ocho personas y una entidad. Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido ponerles fondos a su disposición. Además, las personas físicas están sujetas a una prohibición de viaje, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.
Estas sanciones selectivas están diseñadas precisamente para exigir responsabilidades y afectan únicamente a quienes participan, apoyan o se benefician de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala. No constituyen, en ningún caso, sanciones contra Guatemala, su población ni su economía.
La UE y Guatemala mantienen una larga colaboración y la UE mantiene su compromiso de apoyar la democracia en el país. La Misión de Observación Electoral de la UE de 2023, la clara postura de la UE en defensa de los resultados electorales, su apoyo a la buena gobernanza y las sanciones específicas mencionadas forman parte de este esfuerzo.
La UE seguirá trabajando con el Gobierno guatemalteco y todos los sectores de la sociedad para apoyar una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos.
Fondo
Para apoyar la transición democrática y respetar la voluntad del pueblo guatemalteco respecto del gobierno elegido democráticamente, la UE adoptó el 12 de enero de 2024 un marco específico para medidas restrictivas respecto de Guatemala, a fin de exigir responsabilidades a quienes socaven la democracia, el Estado de derecho u obstruyan una transición democrática tras las elecciones generales de 2023, que dieron como resultado una clara victoria del presidente Bernardo Arévalo, como lo atestiguó la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE en Guatemala.
