El caso “Casa No’j”, en el centro del debate sobre violencia laboral y derechos de la mujer en Quetzaltenango, dio un giro decisivo luego de que el Juzgado de Paz Penal resolvió cambiar el delito contra Edgar Aroldo López Morales y rechazó el intento de desestimar la denuncia.
La resolución marca un punto de inflexión en un proceso que, según la representación legal de la víctima, enfrentó múltiples obstáculos institucionales. La mandataria judicial, Sara Trócoli, explicó que inicialmente el Ministerio Público intentó cerrar el caso al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación por violencia contra la mujer.
Sin embargo, el órgano jurisdiccional rechazó esa postura y permitió reconfigurar el delito, lo que abre paso a una investigación más amplia y acorde con los hallazgos recientes.
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Los hechos denunciados se remontan a una serie de conductas atribuidas a López Morales dentro del entorno laboral de Casa No’j, donde la víctima, trabajadora municipal, habría sufrido humillaciones constantes, discriminación y acoso.
Entre las acciones señaladas figuran descalificaciones relacionadas con supuestos trastornos mentales —sin sustento profesional—, restricciones a derechos laborales básicos como los tiempos de alimentación y conductas de vigilancia que generaron un ambiente hostil.
De acuerdo con la defensa, estas acciones provocaron un deterioro progresivo en la salud emocional de la víctima, quien finalmente acudió a instancias legales tras no encontrar respuesta efectiva dentro de la municipalidad.
A pesar de ello, el caso enfrentó un primer revés cuando lo desestimaron; no obstante, la intervención judicial permitió que la investigación continuara bajo otras figuras legales.
Un dictamen reciente del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) resultó determinante en este nuevo escenario, ya que concluyó que la víctima presenta estrés postraumático como consecuencia directa de los hechos denunciados.
Este informe pericial sustentó la existencia de violencia contra la mujer y contradijo la valoración inicial del ente investigador.
La decisión del Juzgado de Paz Penal no solo reactiva el caso, sino que también envía un mensaje claro sobre la obligación de las instituciones de investigar con rigor las denuncias de violencia y discriminación.
Además, pone bajo escrutinio la actuación previa de las autoridades que, según la parte afectada, no actuaron con la inmediatez necesaria pese a existir antecedentes documentados de conductas similares hacia otras posibles víctimas.
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