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Centros de Pensamiento rechazan el Presupuesto 2027 por cifras exorbitantes y déficit fiscal

La Red de Centros de Pensamiento de Guatemala emitió un contundente pronunciamiento en el que expresa su profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027. 

Redacción | laprensadeoccidente.com.gt

Las organizaciones advierten que el documento, presentado por el Organismo Ejecutivo para su aprobación en el Congreso, contempla un aumento desproporcionado del gasto público de cara al próximo año electoral.

El consorcio de instituciones de análisis económico y social identificó seis puntos críticos que amenazan la histórica estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal del país.

Déficit histórico y deuda para gastos de funcionamiento

Según el análisis de las organizaciones, el nivel de gasto propuesto para 2027 es un 14 % superior al presupuesto vigente de 2026. Esta expansión genera un alarmante déficit fiscal equivalente al 4.4 % del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que solo se compara con el año 2020, cuando el Estado requirió deuda extraordinaria para enfrentar la pandemia de COVID-19.
Para cubrir este agujero financiero, el Ejecutivo busca la emisión de bonos del Tesoro por Q42,750 millones, monto que prácticamente duplica lo autorizado en el año en curso.
Lo más preocupante, señalan los expertos, es que más de la mitad de este endeudamiento (53.6 %) está destinado a financiar gastos de funcionamiento. Esta práctica de usar deuda para cubrir gastos recurrentes compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
A esto se suma el estancamiento de la recaudación tributaria, cuyo crecimiento proyectado para 2027 no sigue el ritmo de los gastos. La carga tributaria se mantiene alrededor del 12 % del PIB, provocando que los ingresos totales del gobierno no alcancen ni siquiera para cubrir el funcionamiento ordinario programado.

Dudas por contrataciones masivas en año electoral

El proyecto de presupuesto también revela un incremento del 38 % en las asignaciones a las Secretarías de la Presidencia y otras dependencias del Ejecutivo en comparación con 2026.
Las instituciones que recibirían los mayores aumentos son el Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala (FODIGUA), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).
Dentro de estas entidades, se contempla la creación de 2,000 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un aumento del 28 % en su planilla laboral. Los centros de pensamiento advierten que esta expansión en pleno año electoral genera severas dudas sobre el verdadero objetivo de las contrataciones.

Los CODEDES y la falta de transparencia

Jonathan Menkos, ministro de Fianzas.
Otro de los puntos de rechazo es la continuidad del aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), cuyo presupuesto actual supera los Q15,000 millones, equiparándose al del Ministerio de Salud Pública.
Las organizaciones denuncian que la ineficiencia de los CODEDES es evidente: en 2025 apenas ejecutaron el 62 % de sus fondos, y para octubre de 2026 no han superado el 30 % de ejecución. El hecho de que los fondos no ejecutados se trasladen al año siguiente fomenta la opacidad en el uso de los recursos públicos, una situación de alto riesgo ante la proximidad de las elecciones.
Además, recalcan que el presupuesto ignora los mandatos de la Ley Orgánica sobre la gestión por resultados, manteniendo las asignaciones desconectadas de cualquier meta estratégica o evaluación de desempeño.

Llamado urgente al Congreso de la República

Ante este panorama, la Red de Centros de Pensamiento hizo un enérgico llamado a los diputados del Congreso de la República, quienes tienen la responsabilidad de aprobar o rechazar el proyecto.
Las entidades exigen que se revierta esta tendencia de gasto expansivo, se frene el endeudamiento injustificado y se eviten modificaciones tributarias que respondan a motivaciones electorales sin ningún respaldo técnico.
Asimismo, recordaron a los legisladores la obligación constitucional (Artículo 240) de no aprobar nuevas obligaciones de gasto sin definir claramente su fuente de financiamiento, advirtiendo que forzar readecuaciones presupuestarias pone en grave riesgo las finanzas de la nación.
El comunicado está respaldado por las principales organizaciones de investigación del país: la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), FLACSO Guatemala, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), Fundación 20/20 y la Fundación Libertad y Desarrollo.

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