El Tribunal de Mayor Riesgo B otorgó medidas sustitutivas, que incluyen arresto domiciliario y arraigo, al exgeneral Manuel Benedicto Lucas García, procesado en el caso conocido como Genocidio Ixil.
Redacción| laprensadeoccidente.com.gt
A pesar de este beneficio judicial, el militar retirado permanecerá tras las rejas debido a que enfrenta otros procesos penales vigentes en su contra.
Las medidas y las condiciones impuestas
Durante la audiencia celebrada este miércoles 15 de julio, la judicatura resolvió favorecer al sindicado con arresto domiciliario y arraigo territorial. Asimismo, el tribunal le prohibió terminantemente comunicarse con cualquiera de los testigos del caso para evitar la obstaculización de la justicia.
No obstante, la libertad del exjefe del Estado Mayor del Ejército no será viable en lo inmediato. Esto se debe a que otros expedientes judiciales activos impiden su salida del centro de detención.
Al momento de tomar la palabra, el exmilitar argumentó que no planea huir de Guatemala, argumentando que carece de los recursos económicos necesarios para costear su vida en el extranjero. De igual manera, Lucas García manifestó su cansancio físico ante la judicatura y expresó que ya no desea continuar encerrado en la habitación de un hospital.
Los antecedentes del caso y la petición fiscal
Ciertamente, en este proceso judicial específico, el Ministerio Público (MP) acusa a Lucas García de cometer los delitos de deberes contra la humanidad y desaparición forzada. Según las investigaciones de la fiscalía, el exjefe militar dirigió estas acciones represivas contra la población civil maya ixil en la época del conflicto armado interno.
Por otra parte, cabe recordar que el pasado 7 de noviembre de 2024, la fiscalía del caso solicitó formalmente una pena histórica de 2,860 años de prisión contra el acusado. La parte acusadora fundamenta esta drástica petición en el presunto asesinato de cientos de pobladores indígenas del área ixil.
Finalmente, el caso continuará su curso en los tribunales correspondientes, mientras los querellantes y la defensa evalúan los efectos de esta nueva resolución del Tribunal de Mayor Riesgo B sobre el futuro del debate oral y público.
