La falta de aprobación de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo tendría consecuencias directas para la vida diaria de los guatemaltecos.
Redacción/ laprensadeoccidente.com.gt
El tema se abordó durante la inauguración de CLADIT 2026, “Guatemala ante una nueva era de cumplimiento”, un encuentro regional organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala. La actividad reunió a autoridades, expertos internacionales y representantes del sector financiero, empresarial y regulatorio.
Durante el evento, los participantes advirtieron que Guatemala podría ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si el Congreso no aprueba una legislación moderna contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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El GAFI podría considerar al país como una nación con deficiencias estratégicas en su sistema de prevención y combate al lavado de dinero. Esta situación aumentaría el nivel de riesgo ante bancos internacionales y corresponsales financieros.
Como consecuencia, los guatemaltecos enfrentarían más requisitos, controles más estrictos, procesos más lentos y mayores costos para realizar transferencias internacionales, recibir remesas, abrir cuentas bancarias, actualizar datos o efectuar pagos desde y hacia el extranjero.
Uno de los sectores más afectados sería el de las familias que dependen de las remesas para cubrir alimentación, salud, educación, vivienda y otros gastos básicos. Los nuevos controles podrían retrasar o encarecer los envíos de dinero, afectando directamente la economía de miles de hogares.
El impacto también alcanzaría a productos y servicios. Si las empresas importadoras y exportadoras enfrentan más trámites, comisiones más altas y retrasos en pagos internacionales, esos costos terminarían trasladándose al consumidor final.
Además, el país podría perder competitividad, reducir la inversión extranjera y limitar la llegada de nuevos proyectos productivos, lo que afectaría la generación de empleo formal.
La iniciativa de ley, pendiente de aprobación final en el Congreso de la República, busca fortalecer las herramientas del Estado para impedir que recursos provenientes del narcotráfico, extorsiones, terrorismo, corrupción, contrabando y trata de personas ingresen a la economía formal.
We encourage Guatemala to pass an anti-money laundering law that meets Financial Action Task Force (FATF) standards and helps close the door on narcotraffickers and criminals who put American and Guatemalan communities at risk. Passing such a law will promote the prosperity and…
— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) May 21, 2026
Las autoridades aclararon que la normativa no busca perseguir a quienes trabajan legalmente, prohibir el uso de efectivo ni convertirse en una herramienta tributaria. Su objetivo consiste en proteger al país frente al dinero de origen ilícito.
En la inauguración participaron Juan Luis Fonseca, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala y gerente general de Banrural; Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.
Así como Saulo de León Durán, superintendente de Bancos; Luis Alberto Contreras, presidente del Congreso de la República; y Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.
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