Virginia Laparra, la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, solicitará ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la anulación de la sentencia que recibió en diciembre de 2022 por el delito de abuso de autoridad.
Redacción/ laprensadeoccidente.com.gt
La vista pública quedó programada para este viernes 22 de mayo a partir de las 11 horas, y se desarrollará por escrito, debido a que Laparra permanece en el exilio desde 2024, luego de enfrentar distintos procesos judiciales que derivaron en dos condenas en su contra.
La exfiscal argumentará que presentar una denuncia administrativa contra un juez por presuntas irregularidades no constituye delito, por lo que pedirá revocar la resolución emitida por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal el 16 de diciembre de 2022.
El mensaje de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, de conformidad con la resolución 44/8 del Consejo de Derechos Humanos.
#Guatemala – Sigo con atención la audiencia prevista mañana en el caso de la ex fiscal Virginia Laparra, quien continúa en el exilio.
Recuerdo la importancia de garantizar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y la protección de quienes trabajan en la lucha…
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) May 21, 2026
El caso surgió en 2018, cuando la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron denuncias administrativas ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez Lesther Castellanos, quien entonces dirigía el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango.
Posteriormente, Castellanos presentó una denuncia penal contra Laparra, lo que dio origen al primer proceso judicial en su contra.
En febrero de 2022, el juez Sergio Mena autorizó una orden de captura contra la exfiscal y posteriormente la ligó a proceso por los delitos de usurpación de atribuciones y abuso de autoridad. Durante esa resolución, el juzgado desestimó el delito de falso testimonio.
Laparra permaneció nueve meses en prisión preventiva antes del inicio del juicio.
“El caso contra Laparra ocurrió en un contexto de criminalización contra exoperadores de justicia, como represalia por investigaciones de corrupción realizadas en el pasado”, señaló su equipo legal en un comunicado.
Diversos organismos nacionales e internacionales han cuestionado el proceso por presuntas violaciones al debido proceso, suspensiones de audiencias y retrasos injustificados.
En junio de 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que la detención de Laparra contravino estándares internacionales de derechos humanos.
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