Las autoridades indígenas maya y xinka de Guatemala afirmaron que el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel Estuardo García Luna, enfrentará el reto de recuperar la institucionalidad y la confianza ciudadana en el ente investigador.
Redación/ laprensadeoccidente.com.gt
Además, consideraron que el cambio representa una oportunidad para devolver la objetividad, imparcialidad e independencia al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. También señalaron que la nueva administración debe fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el respeto a los estándares internacionales sobre derechos humanos y democracia.
Las autoridades indígenas exigieron al nuevo fiscal general revisar de inmediato la política de persecución penal impulsada durante la gestión de Consuelo Porras. Asimismo, la señalaron de respaldar al denominado “pacto de corruptos” y de actuar contra la voluntad popular expresada en las urnas junto a José Rafael Curruchiche y otros fiscales.
También pidieron revisar los casos de criminalización contra autoridades indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y fiscales que investigaron corrupción, crimen organizado y tráfico de influencias.
De igual manera, solicitaron depurar fiscales y operadores de justicia vinculados a prácticas de impunidad y corrupción. Además, demandaron revisar los casos de corrupción de gran escala que quedaron desestimados y deducir responsabilidades contra quienes participaron en esas decisiones.
Las autoridades indígenas también exigieron a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala respetar la transición en el Ministerio Público y rechazar acciones legales que, según indicaron, buscan mantener la cooptación de la institución.
Asimismo, reiteraron su compromiso de defender la democracia y vigilar el actuar del sistema de justicia para evitar la criminalización de los pueblos indígenas.
Finalmente, hicieron un llamado a la población guatemalteca y a la comunidad internacional para mantenerse atentos ante cualquier acción que, según advirtieron, amenace la democracia y favorezca estructuras de impunidad en el país.
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