Después de ocho años y medio de un arduo proceso judicial, el martes 12 de agosto se dictó una sentencia histórica en el caso Hogar Seguro.
Diana Fuentes/RFI
La jueza Ingrid Cifuentes impuso penas de prisión que oscilan entre 6 y 25 años a seis exfuncionarios, y de manera significativa, ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales, por su posible responsabilidad en el incendio de un albergue para menores en 2017, en el que murieron 41 niñas y adolescentes.
La audiencia revivió el doloroso recuerdo de las 41 niñas y adolescentes que fallecieron y las 15 sobrevivientes que sufrieron heridas graves en el incendio del 8 de marzo de 2017. La exposición de los hechos, que detallaron una serie de torturas y daños infligidos a las menores bajo la tutela de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia durante el gobierno de Jimmy Morales, volvió a conmocionar a Guatemala y a la comunidad internacional.
La jueza destacó la negligencia de Lucinda Marroquín, quien no abrió la puerta del aula a pesar de los desesperados pedidos de auxilio de las niñas y adolescentes. Asimismo, se señaló a Carlos Rodas Mejía, entonces a cargo de la Secretaría de Bienestar, por permitir que la Policía Nacional Civil (PNC) mantuviera a las adolescentes en situación de represión durante nueve horas.
Los sentenciados:
- – Santos Torres: 20 años de prisión (Director del Hogar Seguro)
- – Carlos Rodas Mejía: 20 años de prisión (Jefe de la Secretaría de Bienestar Social)
- – Brenda Chamán: 12 años de prisión (Jefa de Protección Especial)
- – Gloria Castro: 6 años de prisión (Defensora de la Niñez)
- – Luis Pérez Borja: 6 años de prisión (Subcomisario de la PNC)
- – Lucinda Marroquín: (Subinspectora de la PNC) – Nota: La duración de su pena no se especifica en la información proporcionada.
Relatos de horror y pruebas toxicológicas
Durante las audiencias, se escucharon relatos estremecedores sobre el trato que recibían las menores. Entre las denuncias más impactantes, se reveló que a las niñas se les administraban somníferos en los alimentos para «tranquilizarlas», una práctica que ya había sido señalada previamente por otros residentes del hogar.
Confirmando estas denuncias, los exámenes toxicológicos practicados a las menores fallecidas revelaron la presencia de drogas potentes, lo que sugiere que se les mantenía inconscientes o dormidas.
Un precedente para la justicia infantil
Este caso sienta un precedente crucial sobre la responsabilidad de los hogares estatales. Demuestra que las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los menores, especialmente aquellos que han sido retirados de sus hogares debido a abusos, deben ser juzgadas si no garantizan una vida digna y el debido cuidado y reintegración de la niñez y adolescencia.
La audiencia para la sentencia de reparación de daños a las familias afectadas se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto.
Cabe destacar que Harold Flores, de la Procuraduría General de la Nación, fue absuelto de los tres delitos que le imputaba el Ministerio Público.
Tomado de la agencia RFI sin fines de lucro.
