Mynor Hernández Fernández
El 1 de julio de 1984, los guatemaltecos fuimos convocados a las urnas, de la vieja usanza, donde se cambiaban las cajas con papeletas en el trayecto al conteo, para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de redactar la nueva Constitución Política, abolida con el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. Los 88 constituyentes que elegimos provenían del mismo sistema represivo que, se nos dijo, cambiaría por uno libre y democrático. Un proceso de cambio controlado similar al de la Independencia de 1821. Cambiar para que todo siga igual. Finalmente, el 31 de mayo de 1985 se promulgó la actual Constitución Política que cobró vigencia con el arribo del primer gobernante civil, Vinicio Cerezo Arévalo.
En una república, la Constitución se convierte en el texto de textos, sobre la cual no puede pesar ninguna ley ordinaria, pues se supone que es la que recoge los principios y valores de la sociedad, así como el diseño de su institucionalidad. Para salvaguardar tal extremo, aquí se pensó en la creación de una Corte Constitucional que hiciera de guardia pretoriana del nuevo texto elaborado, pero con un objetivo subliminal, garantizar el statu quo a sangre y fuego.
Como la nueva Constitución no provenía de un punto de quiebre generado por la sociedad guatemalteca sino respondía a la geopolítica para acabar con la guerra fría, es lógico que no se tocaran aspectos fundamentales como los partidos políticos y su financiamiento, la tenencia y uso de la tierra, protección del medio ambiente de la extracción desmedida y el acceso universal a la salud y educación de la población, para mencionar unos cuantos puntos álgidos. No había sido la población la que promovió el cambio en la cúpula gobernante y, por tanto, volvíamos a ser observadores inertes del proceso.
Los pactos de Moncloa de 1977, dos años después de la muerte del dictador Franco han hecho lo que España es hoy, un país con garantías para sus ciudadanos que dista mucho de lo que era en la época franquista. Pero es que en esos pactos fueron representados los intereses de la mayoría de sectores que buscaban una España más inclusiva, respetuosa de los derechos humanos y creyente en la democracia como el sistema político alternativo.
En Chile, país utilizado como ejemplo, especialmente en el campo de la economía, siendo el número dos en América en cuanto al avance de la vacunación de Covid-19, las élites de poder han debido ceder a la presión ciudadana por redactar un nuevo texto constitucional para revisar muchos de los aspectos que la sociedad piensa que no le sirven para desarrollarse en los tiempos actuales. Y, ¡sorpresa! la ideología del partido gobernante se ha quedado por debajo de un 20 % de los electos y, por tanto, los chilenos se enfrentan a un posible cambio radical no obstante ser lo exitosos que son en el campo económico.
Nosotros intentamos hacer reformas a la actual Constitución en 1998, de manera tan chambona que no pasaron la prueba en las urnas. Y ahora que nos hemos percatado de lo que significa el seguro diseñado para mantener el orden de las cosas, ya es demasiado tarde porque los de siempre han retomado el control de ese dispositivo llamado Corte de Constitucionalidad.
Vamos a navegar a la deriva un buen tiempo más, porque la creación de un nuevo pacto social traducido en la Constitución incluyente que anhelamos no tiene por ahora ninguna viabilidad, pues sin liderazgo social que impulse los cambios en el sistema político la anomia nos mantendrá de espectadores ante inauditos sucesos como los que hemos visto los últimos meses. Una vez más habrá actos protocolarios para celebrar el cumpleaños número 36 de la Carta Magna y rendiremos pleitesía a los 88 diputados que nos hicieron el honor de redactarla. Gracias por tan poco.
