En la tragicomedia nacional asistimos a un episodio funesto con final impredecible, dada la magnitud de lo que está en juego. Todo comenzó con la bonanza fiscal del actual gobierno, que trasladó miles de millones a los Consejos de Desarrollo.
Mynor Hernández Fernández
Como era previsible, estos órganos no tuvieron —ni tendrán— la capacidad de ejecutar conforme lo planificado. Ante la inminencia de devolver al fondo común más de la mitad de esos recursos, un grupo de diputados —listillos ellos— ideó una ley para permitir que los fondos sean acumulativos de un año fiscal a otro.
El resultado: un enorme bolsón de dinero en manos de los Consejos de Desarrollo, es decir, alcaldes, gobernadores y algunos “representantes” de sociedad civil que fungen de comparsa. Lo más preocupante: todo esto ocurre en un año pre-electoral.
El Decreto 7-2025 ha encendido alarmas en varios centros de opinión, aunque no en la ciudadanía, que lo perciben como un monumento al clientelismo y a la opacidad. Ahora la presión se concentra en el Palacio Nacional: de un lado, quienes exigen al presidente vetar la norma; del otro, quienes presionan para que se sancione sin objeciones.
El dilema para Arévalo es evidente: si veta, el Congreso podría insistir en su aprobación sin su firma, infligiendo una derrota política más a su gobierno. Pero si no lo hace, quedará la impresión de que avala la jugada de quienes promovieron la ley, debilitando su discurso anticorrupción.
“El dilema para Arévalo: si veta, el Congreso podría insistir en su aprobación sin su firma, infligiendo una derrota política más a su gobierno.”
En el fondo, este barullo revela un problema estructural: la desarticulación del aparato público. Al debilitar instancias como la Oficina Nacional de Servicio Civil, se perdió la capacidad de contar con gestores idóneos para planificar y ejecutar presupuestos en un año calendario.
La pésima gestión de los Codedes —cuyo promedio de ejecución ronda apenas el 15%— se explica por gobernadores que desconocen su rol, alcaldes que priorizan comisiones ilícitas y testaferros dispuestos a redactar engendros jurídicos como el Decreto 7-2025.
La Ley de Consejos de Desarrollo fue bien intencionada porque dejaba la puerta para que las comunidades tuvieran voz y voto en su propio desarrollo, con lo que no contaban sus creadores es que aparecieran en escena jugadores no autorizados y acostumbrados a la transa que ni hacen ni dejan hacer a quienes el desarrollo local les importa un pepino pues su principal interés es mantenerse en la posición de poder que ostentan gracias, irónicamente, al voto popular.
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