InicioNoticiasRelatorías de ONU piden al Estado aclarar situación de Pacheco y Chaclán

Relatorías de ONU piden al Estado aclarar situación de Pacheco y Chaclán

En septiembre se cumplen más de cuatro meses desde la detención arbitraria de los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

Los dirigentes indígenas que formaron parte de la lucha cívica de Guatemala en 2023, a favor de la democracia.

laprensadeoccidente.com.gt

La captura de los continúa generando indignación a nivel nacional e internacional ante la posible manipulación del sistema penal para perseguir a dos exdirigentes indígenas que formaron parte de la lucha cívica de Guatemala en 2023, a favor de la democracia.

Relatorías de la ONU piden al Estado aclarar situación de Pacheco y Chaclán y divulgar información sobre la situación de las exautoridades indígenas bajo prisión preventiva.

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El pronunciamiento, difundido este miércoles 10 de septiembre, solicita aclarar las alegaciones presentadas ante estas oficinas sobre los procesos legales que enfrentan ambos líderes comunitarios, detenidos hace meses en un caso bajo reserva vinculado a las protestas de 2023.

“Resulta alarmante que su detención y procesamiento judicial parezcan una retribución por su labor de defensa de los derechos humanos, su rol como autoridades indígenas y el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y a la asociación”, advierten las relatorías.

Relatorías de la ONU piden al Estado aclarar situación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

El documento fue emitido por varios mandatos de la ONU, entre ellos el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y expresión, la Relatora Especial sobre la libertad de reunión y asociación, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y la Relatora Especial sobre la promoción de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Las relatorías expresaron su preocupación por la criminalización de líderes comunitarios y recordaron al Estado de Guatemala su obligación de garantizar los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y la independencia judicial.

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El documento fue emitido por varios mandatos de la ONU, entre ellos el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y expresión, la Relatora Especial sobre la libertad de reunión y asociación, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y la Relatora Especial sobre la promoción de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

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