En un momento clave para el futuro político de Quetzaltenango por la cercanía del proceso electoral (2027) municipal y una creciente desconfianza ciudadana hacia las autoridades.
José Cancinos/ laprensadeoccidente.com.gt
Percy Aguilar continúa en la coordinación de la Comisión de Auditoría Social Municipal (CASMUQ) para 2026-2028. Su reelección, este mes, avalada por una asamblea de organizaciones de sociedad civil, no solo amplía la estructura del ente fiscalizador, sino que también endurece su postura frente a la opacidad, la corrupción y la compra de voluntades.
En esta entrevista Aguilar aborda los retos históricos de la auditoría social, las tensiones con el poder municipal, las limitaciones institucionales del país y su compromiso de vigilar, con pruebas, el proceso electoral que se avecina.
¿Cómo se dio su reelección y qué cambia en esta nueva etapa de la CASMUQ?
Se dio en la asamblea de organizaciones de la sociedad civil de Quetzaltenango, y nuevamente se nos confió la responsabilidad de coordinar la Comisión de Auditoría Social Municipal de Quetzaltenango (CASMUQ). Lo más importante es que ahora no somos ocho, sino quince integrantes. Se han incorporado nuevos perfiles que vienen a fortalecer el trabajo, mientras que quienes ya estaban continúan aportando su experiencia. Esto nos permitirá fiscalizar de mejor manera el gasto de la Municipalidad de Quetzaltenango.
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¿Cuál será el enfoque principal del trabajo de CASMUQ?
Somos una comisión municipal, por lo que nuestro trabajo se concentra exclusivamente en auditar a la Municipalidad de Quetzaltenango. Nuestro objetivo es claro: fiscalizar el uso de los recursos públicos, que son dinero del pueblo.
Se avecina un proceso electoral municipal. ¿Qué papel jugará la comisión?
Será un rol clave. Vamos a auditar ese proceso con mucha seriedad. Queremos evitar prácticas como la compra de votos y de voluntades. Vamos a observar, documentar y denunciar con pruebas cualquier irregularidad. La población merece elegir a un alcalde con un perfil adecuado, sin que medien prácticas corruptas que tanto daño le han hecho al municipio.
¿Cuáles han sido los principales obstáculos para ejercer la auditoría social?
El principal obstáculo es que las autoridades municipales nos ven como enemigos. Y no lo somos. Nosotros no actuamos contra personas, sino que fiscalizamos el uso del dinero público. También enfrentamos una baja cultura de rendición de cuentas; muchos funcionarios creen que no deben rendir cuentas. Otro problema serio es el acceso a la información pública. Aunque existe una oficina, constantemente ponen trabas, cuestionan solicitudes o exigen requisitos que no corresponden. Eso dificulta el trabajo, aunque ya hemos aprendido a sortear esos obstáculos.
¿Han sufrido represalias por su labor?
Sí, hay ataques personales, pero lo consideramos parte de una cultura débil en materia de transparencia. Aun así, seguimos adelante porque nuestro compromiso es con la población.
¿Qué impacto considera que ha tenido el trabajo de CASMUQ?
Ha sido significativo. Informes sobre sueldos elevados del alcalde (Juan López) o la gestión del concejo municipal han tenido alcance nacional e incluso internacional. Eso demuestra que el trabajo tiene impacto, aunque todavía hay mucho por hacer.
¿Qué limitaciones institucionales enfrentan al momento de denunciar posibles actos de corrupción?
Actualmente no contamos con un Ministerio Público independiente. Presentar denuncias puede implicar que los perseguidos seamos nosotros mismos. Eso limita el alcance de nuestras acciones. Sin embargo, tenemos esperanza en que haya un cambio en la fiscalía que permita investigar verdaderamente los casos de corrupción.
También ha señalado a la Contraloría General de Cuentas. ¿Cuál es su postura?
Es urgente un cambio. La Contraloría no ha cumplido su función de manera efectiva. Si hay corrupción evidente. ¿Dónde está su trabajo? Esperamos que con el cambio de autoridades en octubre se fortalezca la institución y pueda coordinar mejor con las comisiones de auditoría social en todo el país.
La reelección de Percy Aguilar al frente de la CASMUQ no solo reafirma la continuidad de un proceso de fiscalización ciudadana, sino que eleva el tono de confrontación frente a las malas prácticas que, según denuncia, siguen arraigadas en la gestión pública. Con un equipo ampliado y el foco puesto en el proceso electoral, la comisión promete convertirse en un actor incómodo —pero necesario— en la lucha por la transparencia en Quetzaltenango.
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