Presidente Bernardo Arévalo presentó una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial en contra del juez Fredy Orellana, por presuntas faltas graves y gravísimas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
El juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, continúa en el centro de la controversia tanto a nivel nacional como internacional. Su nombre figura en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se le señala por participar en actos de corrupción y por su papel antidemocrático dentro del sistema judicial guatemalteco.
Además, varios países de la Unión Europea han impuesto sanciones en su contra por los mismos motivos, evidenciando la creciente preocupación internacional respecto a su actuación en casos judiciales de alto impacto.
La denuncia solicita que se certifique lo conducente al Ministerio Público, ya que existen indicios de responsabilidad penal por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones, entre otros.
Motivos de la denuncia
El documento detalla que el juez Orellana habría incurrido en falta grave al modificar las formas del proceso y sus incidencias, según el artículo 41, literal l) de la Ley de la Carrera Judicial.
Además, se le señala por una falta gravísima, contemplada en el artículo 42, literal h), por interferir en el ejercicio de funciones de otros organismos del Estado.
Estas acciones se derivan de la resolución emitida el 25 de octubre de 2025, en la que Orellana declaró la nulidad absoluta del comité pro formación del Movimiento Semilla y envió notificaciones al Congreso de la República y al Registro de Ciudadanos.
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Solicitudes al órgano disciplinario
En la denuncia, el presidente Arévalo plantea varias peticiones específicas a la Junta de Disciplina Judicial:
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Suspender provisionalmente al juez Fredy Raúl Orellana Letona, del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, conforme al artículo 52 de la Ley de la Carrera Judicial.
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Declarar con lugar la denuncia, una vez concluido el procedimiento, y establecer la responsabilidad disciplinaria del juez por la resolución del 24 de octubre de 2025, considerada falta grave y falta gravísima.
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Imponer la sanción de destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el Organismo Judicial, según el artículo 43, inciso d) de la misma ley.
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Remitir el caso al Ministerio Público para que investigue los posibles delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y cualquier otro que se determine.
La resolución del juez Orellana sobre el Movimiento Semilla generó controversia por su impacto político e institucional. Con esta acción, el mandatario busca que las autoridades judiciales evalúen la conducta del funcionario y determinen si actuó fuera de sus competencias.
