El proceso de elecciones de segundo grado en Guatemala para elección de Fiscal General y magistrados de la CC por opacidad e irregularidades volvió a quedar bajo la lupa internacional.
José Cancinos/ laprensadeoccidente.com.gt
El Panel de Personas Expertas Independientes para Guatemala (PEI-GT) presentó en la Ciudad Capital su informe preliminar tras concluir su segunda visita oficial al país, en la que advirtió graves riesgos para la legalidad, legitimidad y transparencia en la designación del Fiscal General (FG) y de las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Entre el 2 y el 6 de febrero, el PEI-GT sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado; Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, además con organizaciones religiosas, sociedad civil, estudiantes de la USAC y la URL, autoridades indígenas, misiones diplomáticas y el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), además de entrevistas con medios nacionales e internacionales.
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Uno de los ejes centrales del informe es la acumulación de amparos pendientes en salas de apelaciones y en la CC, vinculados directamente con las elecciones de segundo grado de 2026.
El Panel constató acciones constitucionales relacionadas con la integración irregular del Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC y con la exclusión de las ciencias afines del padrón electoral del CANG. Ante ello, el PEI-GT entregó una comunicación formal a la CC solicitando resolución prioritaria e inmediata de estos amparos y la detección de recursos maliciosos destinados a entorpecer el proceso.
El Panel fue enfático al señalar que resulta “inaceptable” que autoridades con mandatos vencidos participen o influyan en la elección de magistrados de la CC, advirtiendo que ello compromete la legalidad y legitimidad del proceso y genera inseguridad jurídica. En la misma línea, alertó sobre la ilegalidad de excluir a profesionales de las ciencias afines del proceso electoral del CANG.
Entre los hallazgos más sensibles, el informe destaca que la criminalización sigue instalada en la sociedad guatemalteca, con antecedentes de detenciones irregulares de líderes indígenas y estudiantiles, así como amenazas desde el Ministerio Público contra candidaturas opositoras.
A pesar de ello, el Panel reconoce una respuesta ciudadana valiente y una creciente conciencia de que estas elecciones definirán el rumbo democrático del país.
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Otro punto crítico es la persistente ilegalidad en la conformación del CSU de la USAC, cuyos integrantes —con plazos vencidos— continúan tomando decisiones clave, incluyendo su participación en la elección de magistrados de la CC y en la Comisión de Postulación para Fiscal General. El PEI-GT advirtió que una conformación irregular del CSU invalidaría cualquier decisión que adopte.
El informe también expresa preocupación por la falta de transparencia en el Congreso, donde, según confirmó el presidente de la Junta Directiva, Luis Alberto Contreras Colindres, el pleno votaría sin un perfil definido, sin entrevistas públicas, sin criterios para tachas y con expedientes reservados, prácticas que no cumplen estándares internacionales.
Al presidente Bernardo Arévalo, el Panel le recomendó publicar perfiles y criterios claros tanto para la elección de magistrados de la CC como para la designación del Fiscal General, y activar mecanismos de protección para personas criminalizadas por defender la democracia.
El PEI-GT también documentó la persecución contra estudiantes de la USAC, así como la preocupación de Pueblos Indígenas y víctimas del conflicto armado interno, quienes denuncian retrocesos en derechos y en justicia transicional.
Como conclusión, el Panel hizo un llamado urgente a actualizar autoridades universitarias, transparentar los procesos, respetar perfiles de idoneidad y fortalecer la auditoría ciudadana e internacional, advirtiendo que la democracia, la justicia y las libertades están en juego en las elecciones de segundo grado de 2026.
