La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó este miércoles, la existencia de una estructura conformada por varias empresas denominada B410, que habría defraudado al Estado por más de Q300 millones.
Redacción con información de agencias.
Durante nueve meses, la SAT analizó y dio inicio a una investigación para evidenciar la evasión tributaria de un grupo de empresas que operaban de una manera particular: en domicilios inexistentes o en zonas rojas, alterando documentos y con un mismo perito contador.
Según la SAT, la estructura está conformada por al menos 410. Por eso se denomina caso B410 porque se refiere a un grupo de 410 empresas que facturó 6 mil 400 millones de quetzales entre 2021 y 2024, evadiendo más de 300 millones en impuestos.
Identificación de indicios importantes
Las 410 empresas se unen por un mismo representante legal guatemalteco y una entidad constituida en Belice. Tras indagar se evidenció que este representante legal y socio es un abogado y notario afiliado al régimen de pequeño contribuyente en un establecimiento comercial que no fue localizado. Además, figura como representante legal de las 410 empresas.
Se detectaron documentos alterados que contenían números de autorización, fechas de emisión y direcciones alteradas. De lo último, resalta la Colonia Banvi o Bamvi, de ahí el nombre del caso B410.
Quiénes son los clientes de esta estructura
En primer lugar, se detectaron adjudicaciones a nueve contribuyentes de esta estructura por parte del Estado.
Los primeros hallazgos reflejaron ventas del B410 a instituciones como la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional.
En cuanto a las adjudicaciones a la PNC, se menciona que fueron 48.8 millones en ventas del 2021 al 2023, un dato importante es que la mayoría de adjudicaciones fueron por montos menores a 25 mil quetzales, o sea de baja cuantía. Por parte del Ministerio de la Defensa, las ventas del B410 se dieron a través de la Dirección General de Finanzas de este ministerio por un total de 2.6 millones de quetzales en el mismo período de tiempo.
Escalando en la investigación, también se encontró que el B410 obtuvo contratos con municipalidades y otras instituciones del Estado como el Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Salud, Fondo de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
Acciones legales
De acuerdo con la SAT, se hicieron las denuncias respectivas ante el Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y Procuraduría General de la Nación.
De momento, el MP investiga a cinco de las empresas y se ha pedido auditoría a 32. Sin embargo, se menciona que el análisis de más de los actores del B410 podría resultar en que el monto defraudado en evasión de impuestos supere los 800 millones de quetzales.
Las autoridades de la SAT también mencionan que el MP se deberá encargar de determinar los actores y sus responsabilidades, además de evidenciar si los involucrados son exfuncionarios del Estado.
Caso B410: 10 municipalidades contrataron proveedores fraudulentos