Para los profesionales de las ciencias forense, representó un revés en medio de las polémicas elecciones de segundo grado en Guatemala que terminó convirtiéndose en el impulso que durante años habían esperado.
José Cancinos/ laprensadeoccidente.com.gt
El rechazo y la exclusión que denunciaron criminólogos, criminalistas, investigadores criminales y policiólogos dentro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) abrió una grieta que ahora amenaza con transformar el panorama de los colegios profesionales del país.
La inconformidad estalló en 2026, luego de que integrantes de las llamadas “ciencias afines” denunciaran haber quedado relegados durante el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, lejos de limitarse a la protesta, decidieron convertir el descontento en una oportunidad histórica: independizarse y crear su propio colegio profesional.
Oportunidad en lugar de problema
La noche del miércoles 21 de mayo, durante una reunión en Quetzaltenango, integrantes de la junta provisional del futuro Colegio de Criminólogos, Criminalistas, Investigadores Criminales y Policiólogos de Guatemala confirmaron que el proceso ya avanza y que esperan inscribirse oficialmente ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales a mediados de junio.
“Nosotros no vimos un problema, vimos una oportunidad”, afirmó Julio Camu, presidente provisional del proyecto, al explicar que la exclusión que sufrieron durante las elecciones internas se convirtió en el detonante definitivo para retomar una iniciativa que permanecía congelada desde 2019.
Ese primer intento fracasó durante la pandemia. En aquel momento, únicamente lograron reunir 320 de las 500 firmas que exige la ley. Hoy el panorama cambió. Según la junta provisional, ya cuentan con 653 profesionales que respaldan la creación del nuevo colegio y estiman que solo en estas cuatro profesiones existen alrededor de seis mil colegiados en Guatemala.
La propuesta busca separar a criminólogos, criminalistas, licenciados en investigación criminal y licenciados en ciencias policiales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde actualmente figuran como “ciencias afines”. Para ellos, permanecer bajo esa estructura ya no responde a la realidad técnica y científica de sus profesiones.
Crecimiento exige autonomía
Marlon López Esteban, vicepresidente provisional, recordó que estas carreras comenzaron a consolidarse en Guatemala a inicios de los años 2000, cuando el país empezó a profesionalizar áreas relacionadas con investigación criminal y ciencias forenses.
En ese momento, los profesionales buscaron respaldo dentro del CANG porque sus disciplinas aún no contaban con reconocimiento independiente.
Dos décadas después, consideran que el crecimiento del gremio exige autonomía.
Sin embargo, detrás del movimiento no solo existe una lucha por representación profesional. También persisten reclamos relacionados con la falta de espacios laborales y reconocimiento institucional dentro del sistema de justicia.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al hecho de que instituciones como el Ministerio Público todavía no cuentan con perfiles específicos para investigadores criminales especializados. Además, denuncian que la actual Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) limita la participación de estos profesionales en cargos de dirección.
Según explicaron, cuando el Congreso aprobó la ley del INACIF en 2006, las carreras de criminología y criminalística apenas comenzaban a surgir en Guatemala, por lo que quedaron excluidas de los requisitos legales para optar a puestos de alto nivel.
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Buscan corregir el vacío legal
Ahora, el gremio impulsa reformas legislativas para corregir ese vacío. La iniciativa de ley 6169, que actualmente se encuentra en primer debate en el Congreso de la República, busca incluir a criminólogos, criminalistas e investigadores criminales dentro de los perfiles que pueden aspirar a cargos de dirección en el INACIF.
Mientras tanto, la gira nacional continúa. En apenas tres semanas, la junta provisional se propuso recorrer el país para consolidar estructuras departamentales y sumar apoyos.
Hasta ahora, ya visitaron departamentos como Izabal, Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos y Quetzaltenango, entre otros. El objetivo es claro: convertirse en el colegio profesional número 15 de Guatemala.
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La separación también tendría un impacto económico importante. Según Camu, las ciencias afines aportan alrededor de Q4.5 millones anuales al CANG por concepto de ejercicio profesional. Recursos que, aseguran, podrían destinarse a programas especializados y beneficios directos para su propio gremio.
En medio de la crisis de confianza hacia las instituciones y de los constantes debates sobre justicia y seguridad en Guatemala, estos profesionales aseguran que buscan algo más que independencia administrativa.
Afirman que intentan construir un espacio propio donde las ciencias forenses tengan voz, peso y reconocimiento. Y todo comenzó, paradójicamente, con una puerta que este año sintieron cerrarse frente a ellos.
