Quetzaltenango fue escenario de un mensaje que apunta directamente al corazón del sistema de justicia guatemalteco. La reciente visita de Luis Fernando Bermejo y Astrid Lemus, candidatos a magistrado suplente y titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).
José Cancinos/ laprensadeoccidente.com.gt
El mensaje dejó más que una reunión gremial: expuso una lectura crítica del presente institucional y una advertencia sobre el futuro inmediato de una de las elecciones de segundo grado más decisivas para el país.
Disputa silenciosa
El encuentro, sostenido con abogados y notarios del occidente, se centró en la presentación del plan de trabajo del binomio postulado por el grupo Unidad por la Democracia, en un contexto donde la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en una disputa por el control del poder público.
Lejos de un discurso técnico, Bermejo planteó una narrativa que conectó experiencia profesional, visión académica y una postura abiertamente crítica sobre el desempeño reciente del máximo tribunal constitucional: la CC.
Con más de 20 años de ejercicio profesional, Bermejo —abogado y notario, graduado de la Universidad Francisco Marroquín— expuso que su motivación no es individual, sino gremial e institucional.
“No están aquí por mí, están aquí porque creen que la justicia no funciona para todos”, afirmó, señalando que la CC ha dejado de ser un contrapeso para convertirse, en varios momentos, en un actor político más.
Una CC alejada de su oficio
El diagnóstico fue directo: una Corte que, según su lectura, ha oscilado entre el activismo y la politización, con resoluciones tardías, criterios cambiantes y una preocupante selectividad en la aplicación del derecho constitucional.
En ese marco, recordó el papel que la CC desempeñó durante la crisis electoral de 2023, cuando —por acción u omisión— permitió decisiones que pusieron en riesgo la voluntad popular y el equilibrio de poderes.
Bermejo contrastó ese período con hitos históricos como 1993, cuando magistrados constitucionales actuaron de oficio para frenar un golpe de Estado.
“Hoy tenemos una Corte que no limita el poder desbocado”, sostuvo, aludiendo a resoluciones que avalaron investigaciones contra partidos políticos como si se tratara de estructuras criminales, contradiciendo —según dijo— el espíritu de los constituyentes de 1985.
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La propuesta del binomio se sostiene en lo que definen como un constitucionalismo humanista, donde la persona, y no el Estado ni los intereses de turno, sea el centro de los derechos.
En ese punto, Bermejo apeló a su experiencia en litigio y docencia universitaria para ilustrar cómo la falta de certeza jurídica impacta directamente en la economía, la inversión y la confianza institucional, citando casos en los que la CC ha variado su propia doctrina sin motivación suficiente.
Astrid Lemus, con experiencia previa en magistraturas, complementa —según el planteamiento— un perfil que busca equilibrar prudencia y dinamismo, derecho público y privado, madurez institucional y visión de renovación.
No se trata, insistieron, de un relevo generacional simbólico, sino de una recomposición ética y funcional del tribunal.
Define el rumbo del Estado
La visita a Quetzaltenango no fue un acto multitudinario ni una demostración de fuerza visible. Fue, más bien, una conversación directa con quienes participarán en una elección de segundo grado que rara vez ocupa titulares, pero que define el rumbo del Estado.
En esa aparente discreción reside su verdadero peso: mientras otros disputan el poder con ruido, aquí se juega —en silencio— si la Corte de Constitucionalidad volverá a ser un límite al poder o seguirá siendo parte de él. Y esa decisión, esta vez, no se tomará en las urnas ciudadanas, sino en los votos gremiales que muchos aún subestiman.
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