El abogado y notario Julio Santos, quien recientemente asumió funciones como asesor de seguridad de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, fue separado de su cargo tras conocerse que enfrenta un proceso judicial que se remonta a 2014.
Redacción/ laprensadeoccidente.com.gt
Santos figura en un expediente por el delito de falsedad ideológica, relacionado con actuaciones notariales que, según la acusación, realizó en años anteriores. Actualmente, el caso continúa en trámite en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango.
La gobernadora departamental, Bibiana Ramírez, confirmó la decisión de apartarlo de sus funciones mientras resuelve su situación legal. Además, indicó que desconocía la existencia del proceso judicial al momento de incorporarlo a su equipo de trabajo.
“Es importante aclarar que él brindaba apoyo como asesor ad honorem y no contaba con una contratación formal dentro de la Gobernación Departamental. Sin embargo, mientras se esclarece su situación jurídica, hemos decidido separarlo del cargo”, explicó Ramírez.
Otro asesor también registra señalamientos
El caso de Santos no es el único que genera cuestionamientos dentro del equipo de asesores de la Gobernación Departamental.
Walter Estuardo López Zamora, identificado como asesor técnico en temas relacionados con el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), mantiene antecedentes registrados ante la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Según los registros de la entidad fiscalizadora, López Zamora enfrenta una denuncia penal por aproximadamente Q720 mil, además de un juicio de cuentas que supera el medio millón de quetzales.
La situación de ambos asesores ha generado interrogantes sobre los mecanismos de evaluación y verificación utilizados para integrar al personal que colabora con la administración departamental en Quetzaltenango.
ASESOR DE GOBERNACIÓN CON CUENTAS PENDIENTES EN CGC
El asesor de confianza de la gobernadora enfrenta procesos por más de Q1.2 millones ante la CGC
