En 2002 se aprobaron las leyes de Descentralización, del Sistema de Consejos de Desarrollo y el Código Municipal, impulsadas con entusiasmo y altas expectativas, bajo la idea de que resolverían la exclusión social y política en la participación del desarrollo integral.
Rigoberto Quemé-Chay, columnista/ laprensadeoccidente.com.gt
Del 2003 al 2004 se hicieron grandes esfuerzos, especialmente acompañados de la cooperación internacional, para organizar a la población en Consejos Comunitarios, COCODES, los cuales arraigaron fuertemente en áreas indígenas en tanto, los consejos Municipales, COMUDE, tuvieron un desarrollo más lento por el temor de los alcaldes a organizar e incluir a la población en la discusión y control del desarrollo ya que esto conllevaba el riesgo de evidenciar demandas incumplidas y consolidar la auditoria social.
En las elecciones del 2003, los COCODES, estuvieron más o menos libres de las injerencias partidistas e influencia de las estructuras de poder, por ser incipiente el proceso lo cual fue diferente en las elecciones del 2007, en donde aparecieron signos de debilidad de estas organizaciones comunitarias porque la clase política y de poder encontraron la forma de manipularlos clientelarmente a través de la aprobación de los proyectos de infraestructura, fundamentalmente.
Muchos alcaldes, gobernadores y diputados a través de las decisiones en la asignación de recursos organizaron a su manera a los COCODES para que les sirvieran de plataforma política y para avalar simplemente los proyectos que se ejecutaron, en su mayoría, por empresas vinculadas al poder político, con el consiguiente beneficio económico y político para los políticos. La comunidad fue perdiendo paulatinamente su autonomía y legitimidad.
Desde 2008, la hegemonía politiquera ha predominado sobre los COCODE, debilitando la participación democrática en el desarrollo. Muchos se han reducido a gestores de recursos para obras mínimas, a veces innecesarias, mal ejecutadas, sobrevaloradas y con poca transparencia.
Los COCODE, han aprendido la lección: las autoridades tienen el dinero (y ahora, 2026, más que nunca) y la decisión en tanto la población, las necesidades y la sumisión.
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En la antesala del próximo proceso electoral, la situación es evidente: la cultura del regalo persiste y se manifiesta cuando muchos COCODE buscan a posibles candidatos —aunque aún no estén definidos— para solicitar apoyos. No importan la ideología ni las propuestas; lo que prevalece es el intercambio de favores, mientras los aspirantes acceden para ganar respaldo futuro.
El sistema de Consejos de Desarrollo se ha desvirtuado, poniendo en riesgo la dignidad de las comunidades ante prácticas de sumisión y manipulación. Esto evidencia un sistema político y electoral aún subdesarrollado y con rasgos colonialistas. Urge un análisis sociopolítico y jurídico para impulsar cambios que rescaten sus principios democráticos, incluyentes y plurales.
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