El caso por presunto acoso laboral y discriminación en el Centro Cultural Casa No’j, de la Municipalidad de Quetzaltenango, tomó un nuevo giro este jueves 16 de octubre.
José Cancinos/ laprensadeoccidente.com.gt
Un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la víctima sufrió discriminación y trato abusivo por parte del director de la institución, Edgar Aroldo López Morales. Sin embargo, el jefe edil mantiene en el puesto al presunto acosador.
Sara Trocoli, abogada de la afectada, explicó que el informe pericial identificó en el discurso del acusado patrones de violencia verbal, autoritarismo, estigmatización y exclusión hacia la trabajadora.
“El Inacif estableció que sí existió discriminación contra la víctima, quien recibía un trato abusivo por parte del director de Casa No’j. Se le inició un proceso administrativo en el que él mismo reconoció haberle ofrecido apoyo psicológico, porque —según su criterio— ella era ‘retrasada mental’, cuando en realidad se trata de una profesional universitaria”, afirmó Trocoli.
Un resumen del dictamen
El informe, de carácter lingüístico-forense, analizó los documentos y comunicaciones presentadas como evidencia y detalla que, desde el punto de vista “morfosintáctico”, el material está compuesto por oraciones largas, con uso excesivo de subordinaciones, verbos de habla y percepciones directas, lo que refleja una relación comunicativa “dominada por el control y la imposición”.
El análisis añade que en el plano “semántico” se identifica un “lenguaje con abundantes juicios negativos”, expresiones de exclusión, ironía, burla y sarcasmo dirigidos hacia la agraviada. Además, el peritaje evidencia contradicciones: el ofensor asegura ofrecer apoyo psicológico, pero en realidad lo hace como una forma de “acusación y estigmatización”, construyendo un discurso restrictivo y autoritario.
Desde el punto de vista “pragmático”, el informe describe que el discurso empleado por el director revela una “relación de poder desigual”, en la cual predominan funciones lingüísticas “directivas y expresivas negativas”, orientadas a imponer órdenes, degradar y descalificar.
El Inacif concluye que se emplearon “estrategias de violencia verbal” como insultos, acusaciones y negación de derechos básicos, que generaron un ambiente laboral hostil e intimidante. El efecto perlocutivo, según el peritaje, fue “intimidar al interlocutor y reforzar la posición de autoridad del agresor”, lo que contribuyó a un entorno de trabajo abusivo y opresivo.
“Características de acoso laboral”
Basándose en las definiciones del Diccionario de la Lengua Española, el Inacif determina que los hechos y el contexto comunicativo “cumplen con las características de acoso laboral”, entendido como una práctica en la que se somete a un empleado a presión psicológica para provocar su marginación.
El informe subraya que esta situación se manifiesta claramente en las estrategias del agresor: “deslegitimar, ridiculizar y ejercer coerción” sobre la víctima.
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Trocoli calificó los hallazgos como “un avance crucial para visibilizar la violencia institucional y las formas de discriminación que persisten en los espacios públicos municipales”.
Añadió que el dictamen forense fortalece la causa que actualmente se encuentra en investigación, luego de que el Juzgado B de Primera Instancia de Femicidio de Quetzaltenango ordenara en junio pasado la reapertura del expediente y su remisión a otro fiscal.
“Con este dictamen se finalizar la investigación y el MP debe acusar”, dijo de forma contundente Trócoli.
“El peritaje del Inacif demuestra que no solo hubo agresión psicológica y trato degradante, sino una intención sostenida de excluir y desacreditar a una mujer profesional por razones personales y jerárquicas”, subrayó la abogada.
Centro Cultural Casa No’j
El caso, que se conoció públicamente a mediados de 2024, involucra denuncias de hostigamiento laboral, represalias y despido arbitrario dentro del Centro Cultural Casa No’j.
La trabajadora denunció haber sido castigada por negarse a participar en supuestos actos de corrupción y por reportar irregularidades dentro del recinto.
A pesar de que el MP había desestimado inicialmente la denuncia, el fallo judicial de junio reactivó el proceso y ordenó la reinstalación de la víctima, medida que la municipalidad de Quetzaltenango no ha cumplido, lo que le valió una sanción económica.
Con el nuevo dictamen pericial, la defensa legal confía en que el Ministerio Público ya no ignore la naturaleza discriminatoria del caso y que este proceso siente un precedente para evitar el uso del poder institucional como herramienta de intimidación contra mujeres trabajadoras.
Este periódico contactó al acusado, Edgar López, para conocer su postura sobre el nuevo giro del caso, pero dejó en visto el mensaje enviado por WhatsApp.
El espacio sigue abierto en caso desee pronunciarse.
