Para los Mayas, Chaac[1] representaba el agua en sus múltiples dimensiones y expresiones. Causa de vida o de muerte; por ello, esa energía simbolizada y sacralizada llevaba una pequeña hacha que simulaba el rayo y el trueno y una tinaja volteada hacia abajo derramando el sagrado líquido.
Rigoberto Quemé Chay/laprensadeoccidente.com.gt
Alrededor de esa conceptualización se buscaba la armonía y complementariedad entre el ser humano y la madre naturaleza.[2]
Hoy, la lucha política, económica, cultural y técnica sobre el recurso hídrico y alrededor de la Ley de Aguas, expresa todo menos armonía y sostenibilidad.
Desde 1957, cuando se plantea la creación de la comisión nacional de riego, mucha agua ha corrido. Igual, los intentos de controlar lo que los neoliberales llaman un Bien económico; los técnicos, un recurso natural; Naciones Unidas, un Derecho Humano y los pueblos indígenas, simplemente Vida, han sido varios. Se calcula que desde 1980 ha habido más de una docena de iniciativas para formular una ley de Aguas e igual número han fracasado por la complejidad de visiones, intereses y contradicciones.
Lo que es cierto es que, en aguas revueltas, ganancia de poderosos. La mayor cantidad de agua existente en el país se consume para fines productivos, agrícolas e industriales. La cantidad que se orienta al consumo humano es mínima en relación al uso productivo. El acceso al agua está en proporción directa a la posibilidad económica: los pobres son los que menos acceso tienen y su voz no cuenta en las iniciativas de ley que se han planteado.
La agricultura extensiva para la exportación, como la palma africana, caña de azúcar, la actividad extractiva, las hidroeléctricas y la producción de carne y bebidas de todo tipo son los sectores que más consumen agua en sus procesos y no pagan ningún derecho por su utilización. Las aguas residuales, la mayor parte, no tienen tratamiento alguno y son vertidas de nuevo a los ríos, lagos y mares, contaminando por donde discurren. A estos sectores no les conviene que exista una ley que regule de manera racional, sostenible y adecuada el uso del agua o, caso contrario, si hay ley, que favorezca sus intereses ya que para eso tienen control sobre los partidos políticos, autoridades de gobierno y del legislativo. Estamos ante un modelo de desarrollo eminentemente extractivista y una institucionalidad débil, incapaz y corrupta.[3] Y es en ese marco que se actualiza la discusión sobre la regulación del agua.
El actual gobierno intentó con mucha promoción mediática poner el tema en el espacio público de la discusión a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en tanto el INFOM va por otro lado. Para seguir la costumbre, se han creado espacios de “diálogo”, un tanto desordenados, con diversos actores que no son interesados o afectados directos.
Para las comunidades indígenas que son gestoras de su propio recurso hídrico, solo la consulta previa, informada y de buena fe (Convenio 169) es la adecuada y no los diálogos de publicidad mediática gubernamental. Por aparte hay que traer a la mesa con los pueblos al sector productivo y a las municipalidades (no a la politizada e ineficiente ANAM) para equilibrar intereses y propuestas, lo que no ha ocurrido al momento y eso anuncia un fracaso igual que las iniciativas anteriores.
[1] www.samaelgnosis.net/revista/ser43/chaac.html
[2] http://www.ceppas.org.gt/article/epistemologias-ancestrales-la-tierra/
[3] Gota a gota, el futuro se acota. Una mirada a la disponibilidad presente y futura del agua en Guatemala.
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