El sistema jurídico de Guatemala se encuentra en un momento crucial, advirtió hoy un experto de la ONU que visitó Guatemala del 12 al 23 de este mes, subrayando que el futuro democrático del país depende de cómo se utilicen los nombramientos judiciales y el derecho penal en los próximos meses.
Comunicado/laprensadeoccidente.com.gt
Si bien el respeto a los límites institucionales es vital en una democracia constitucional, nunca debe convertirse en excusa para la inacción cuando los derechos humanos están en juego. Todos los poderes del Estado, y todos sus órganos, tienen la obligación de garantizar un sistema de justicia independiente, imparcial y eficaz. Se lo deben al pueblo guatemalteco, declaró Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, al finalizar su visita oficial al país.
El Relator Especial tomó nota de información creíble y profundamente preocupante sobre influencia indebida en nombramientos judiciales, incluida la negociación de votos, la coerción de miembros de las Comisiones de Postulación y procesos de evaluación defectuosos que premian la lealtad política por encima del mérito profesional.
PUEDE INTERESARTE
Cual fénix resurgiendo de las cenizas, así fue la liberación de Virginia Laparra
Satterthwaite subrayó la importancia del año 2026, cuando Guatemala designará nuevos magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y un nuevo Fiscal General. “Es necesario avanzar mucho para que la práctica guatemalteca cumpla con sus obligaciones internacionales de salvaguardar la selección judicial de motivos indebidos”, afirmó.
La experta deploró ser testigo de un panorama constante y alarmante de criminalización. “El uso instrumental del derecho penal por parte del Ministerio Público parece constituir una privación sistemática, intencional y grave de derechos humanos fundamentales dirigida a grupos específicos”, afirmó. “Esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han buscado acabar con la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos de poder se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales”.
El Relator Especial enfatizó que el Gobierno de Guatemala debe tomar todas las medidas posibles para detener la criminalización. La Fiscalía General de la República debe cesar de inmediato esta práctica. Los jueces deben identificar los casos que sugieran criminalización y evaluarlos con independencia e imparcialidad, conforme a la ley y la Constitución, incluidas las normas de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad.
PUEDE INTERESARTE
Reporte detalla abusos de poder del Ministerio Público guatemalteco
“Las universidades, el Colegio de Abogados y otros organismos de supervisión deben aplicar rigurosos estándares de acreditación, ética profesional y anticorrupción, garantizando que la profesión jurídica vuelva a actuar como un baluarte contra la impunidad, no como una puerta trasera para ella”, declaró Satterthwaite. “La acción coordinada no puede dejarse en manos de la siguiente institución en la cadena de rendición de cuentas. El ciclo de nombramientos de 2026 corre el riesgo de consolidar un sistema de justicia en el que la ley sea simplemente un arma de conveniencia en lugar de una garantía de derechos”.
El informe completo aquí:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/ijudiciary/statements/12052005-eom-sr-ijl-visit-guatemala-en.pdf
Margaret Satterthwaite es la relatora Especial sobre la independencia de los jueces y abogados
PUEDE INTERESARTE
Reconocidos periodistas y escritores se solidarizan con Jose Rubén Zamora
