La Unión Europea, el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos y la Iglesia católica manifestaron su preocupación por las acciones emprendidas en contra de operadores de justicia que laboraron para la CICIG y la FECI.
José Racancoj/La Prensa de Occidente
Un día después de los operativos en contra de exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se han escuchado voces de preocupación por la situación de la justicia en el país y por la corrupción.
La Unión Europea, en un comunicado, expresó “su profunda preocupación por el continuo deterioro del estado de derecho en Guatemala, en el que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal General -Consuelo Porras- han iniciado acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, resultando en arrestos y pérdida de inmunidad judicial”.
En estas declaraciones, atribuidas al portavoz principal para asuntos externos de la Unión Europea, Peter Stano, también se señala que dichas acciones legales fueron precedidas por una larga campaña en redes sociales que incluye intimidación y amenazas, especialmente en contra de personas que conformaron el equipo de la FECI y de la CICIG.
“Hacemos un llamado a las autoridades a que garanticen la seguridad de las personas en detención y a que salvaguarden su derecho al debido proceso. La Unión Europea va a monitorear de cerca la situación y continuará trabajando con sus socios internacionales para hacer valer el respeto al estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en Guatemala”, señala Stano.
Un patrón de venganza e intimidación
A través de un mensaje en redes sociales, el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó que “las acciones del 10 de febrero de la Fiscal General de Guatemala contra fiscales anticorrupción actuales y antiguos continúan un patrón de intimidación y venganza contra personas responsables de combatir la impunidad. Estas acciones preocupantes socavan el estado de derecho”.
Un ambiente de duda y sospecha
Mientras que la Conferencia Episcopal de Guatemala realizó este día una conferencia de prensa en la que también dio su punto de vista sobre la situación actual en el país.
En relación a la persecución a los operadores de justicia que trabajaron en la CICIG y la FECI, el arzobispo Gonzalo de Villa, comentó que “hay un ambiente claro en el país de duda y sospecha, por no decir palabras más fuertes, de que el modo en que se está operando hoy la justicia no corresponde con el modo en que debieran hacerlo”.
En cuanto a la labor de la fiscal general, de Villa expresó que “la opinión general la da la prensa y la prensa ha sido bastante clara en general en cuestionar muchas decisiones que se han tomado, nosotros no somos expertos legalmente en el día a día de qué ha hecho, pero cuando el río suena…”.
De Villa indicó que en los últimos tiempos la relación con el presidente Alejandro Giammattei ha sido “inexistente”, mientras que el cardenal Álvaro Ramazzinni expresó que a nivel personal cortó toda relación con el presidente cuando se percató que no se podía tener un diálogo.
En un comunicado también señalaron que la Corte Suprema de Justicia actual debió ser reemplazada hace 2 años. “No haberlo hecho constituye una flagrante desidia de quienes debieron haber cumplido con su responsabilidad constitucional», indicaron, al tiempo que urgieron “acelerar con honestidad la elección de magistrados y de Fiscal General”.
La Conferencia Episcopal también se mostró preocupada por la falta de promoción de la vacuna contra el covid-19 en diversas áreas del país.
Detenida
Ayer, la abogada Leydi Santizo, exmandataria de la CICIG, fue detenida al ser señalada de obstrucción a la justicia, al haber pedido la conexión con el caso Odebrecht. Santizo fue señalada en el caso Cooptación y Corrupción Judicial
Por este caso la fiscal Siomara Sosa, quien laboró en la FECI, se puso a disposición del juzgado tras conocer que tenía una orden de aprehensión en su contra. Su audiencia de primera declaración está prevista para el 15 de febrero.
