InicioActualidadLey contra el femicidio: ¿Protege de la violencia o de la fiscalización?

Ley contra el femicidio: ¿Protege de la violencia o de la fiscalización?

La ley contra el femicidio se creó para amparar a las mujeres frente a abusos. Sin embargo, no todas las personas que la usan buscan pasan por situaciones de violencia.

Margarita Campollo ya trabajaba para el alcalde Juan López en Cohesión Social durante la administración pasada. Ahora es concejala y arremete contra contra concejales que hacen las transmisiones.

Carmen Valle/ Tomado de Ojoconmipisto

La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer se creó en 2008 para prevenir y penalizar los abusos en contra de las mujeres en Guatemala, así como evitar la impunidad. Aunque las ampara, algunas funcionarias la usan para evitar publicaciones donde se vean o se les mencione.

La expresidenciable Sandra Torres utilizó la Ley contra el femicidio para evitar publicaciones periodísticas en su contra. Lo mismo hizo la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, y la diputada Sandra Jovel. Además, la actual concejal III de Quetzaltenango, Margarita Campollola usó para obtener medidas de restricción a su favor. Según dice, cuando los concejales opositores transmiten las sesiones en vivo se vulneran “su cuerpo y su condición de mujer”.

Transmisión de sesiones de Concejo de Quetzaltenango incomoda al alcalde y concejales afines

Ojoconmipisto dedicó un episodio de Verificado Podcast a los usos adecuados e inadecuados de la ley, así como la importancia de esta. En él participan las abogadas Saknicté Racancoj y Flor Tohom. En esta nota se resume la entrevista.

¿Por qué se creó la Ley contra el femicidio?

Tohom: Se dio en un escenario donde la legislación guatemalteca no brindaba una protección integral a situaciones que afectaban más a las mujeres. Hay derechos fundamentales y genéricos, como el derecho a la vida. Aun así, en este país las niñas y mujeres suelen ser más vulnerables a abusos, vejámenes en contra de su integridad, violencia sexual. Y la ley aborda esos casos específicos.

En el 2002, por ejemplo, muchas mujeres se quejaban porque presentaban denuncias por violencia física, pero no se les atendía o eran revictimizadas.  Sus declaraciones ni siquiera se tomaban con rigurosidad jurídica ni científica por parte de los operadores de justicia. Sin la ley, no había protocolos para abordar estos problemas.

Algunas funcionarias la usaron para evitar el escrutinio público. ¿Se trata de una ley que se usa más para protegerse de la fiscalización o sí se emplea para protegerse de la violencia?

Racancoj: Primero debemos considerar que hay violencia en contra de mujeres políticas y esto aún no se tipifica como delito. Algunas ocupan puestos públicos y se cometen abusos en contra de ellas. Se les niega voz y voto en las instituciones donde trabajan, así como sucede a veces en sus casas.

Esto existe, pero no da derecho a las personas para tirar por la borda el esfuerzo de tantas generaciones para que ellas ocuparan el cargo donde están. El problema no es la ley, porque sí tiene un objetivo necesario, sino cómo en algunos casos se retuerce.

Incluso este mal uso evidencia la desigualdad. A Roxana Baldetti o Sandra Jovel los órganos de justicia les respondieron, pero vi a una concejal en Alta Verapaz donde las sesiones de la corporación municipal se hacían casi a la medianoche solo para evitar su participación.

Le pedían servir el café, la intimidaban, y ella lo denunció, pero el Ministerio Público lo vio como discriminación, no como violencia. Pasaron los cuatro años de gestión y su caso no avanzó.

¿Cómo afecta a todas las mujeres del país el uso inadecuado de la Ley contra el femicidio?

Racancoj: Utilizar una ley para no transparentar los procesos de administración pública en realidad es un detrimento hacia las mismas mujeres que han luchado por que sus derechos se restituyan. Un funcionario está obligado a rendir cuentas, pero si para no hacerlo se utiliza una ley donde se ampara a las mujeres, se deja de tomar en serio esa lucha.

Tohom: Usar una ley para fines ajenos a ella es como necesitar zapatos talla 37, pero correr con unos 38 y 39 solo porque se le parecen. No es lo adecuado y solo se le desacredita, porque hace pensar que sirve para revanchismos, cuando en realidad se hizo para acompañar a mujeres violentadas.

Es triste, porque deformar una ley es deformar la lucha de las mujeres para que se reconozcan sus derechos a través de ella. No solo de las generaciones pasadas, sino de la actual y de las futuras. No se toman en serio los casos donde es necesario este cuerpo legal porque se piensa que es una ley para el revanchismo o para dañar hombres.

¿Cómo se debería legislar para evitar vacíos legales y así cerrar las puertas al mal uso de las normas en Guatemala?

Racancoj: Primero, tener ese cuidado debería ser una lucha de las funcionarias actuales, quienes saben a qué se enfrentan las mujeres en Guatemala y su obligación es procurar la formulación correcta de la ley para evitar que sea contraproducente. Además, es su responsabilidad, de ellas y de los demás funcionarios, asesorarse para legislar con rigor.

Tohom: También es una responsabilidad ciudadana exigir a los tomadores de decisiones hacer bien su trabajo. Todo el mundo se queja de cómo trabajan los servidores públicos, pero casi nadie se interesa en qué significa la aprobación de una ley, por qué es importante poner atención a las entidades públicas, cómo se usan los fondos del Estado. No se puede exigir a quienes gobiernan dar la talla por el país si somos los primeros en desatendernos de él.

Al estilo de Roxana Baldetti, Margarita Campollo va contra concejales para obstaculizar auditoría pública

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