Como comunicadora y defensora de los derechos humanos de las mujeres, me veo en la obligación de alzar la voz ante una realidad que lacera el tejido social de nuestro país: la violencia contra los niños y adolescentes en Guatemala.
El reciente caso del adolescente de 13 años, que, en lugar de disfrutar de su derecho a la educación, fue forzado a trabajar como albañil y que, en un acto de violencia inenarrable, fue violentado por sus compañeros de trabajo, es una muestra de la profunda crisis que enfrentamos.
La indignación que siento ante este hecho es compartida por muchos, pero no es suficiente. La indignación debe transformarse en acción. No podemos permanecer impasibles mientras los derechos fundamentales de nuestros niños y adolescentes son vulnerados. La educación, la recreación, la protección y la salud son derechos inalienables que el Estado debe garantizar, pero la realidad nos muestra un panorama desolador.
La violencia que se ha enraizado en nuestra sociedad, y que parece haberse normalizado, es un síntoma de una enfermedad social que requiere de un diagnóstico y tratamiento inmediatos. No podemos aceptar que la agresión y el abuso sean el pan de cada día para nuestros niños y adolescentes.
La corrupción puede tener un impacto significativo en la violencia contra los niños y adolescentes en Guatemala, especialmente a través de su efecto en la inversión en la niñez. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Guatemala, el 68% de las niñas, niños y adolescentes del país viven en hogares en condición de pobreza. La falta de inversión en servicios esenciales para la infancia, como la educación, la salud y la nutrición, puede perpetuar este ciclo de pobreza y violencia.
La falta de inversión pública suficiente, eficiente, inclusiva y equitativa es una de las principales barreras para hacer efectivos los derechos de los niños y adolescentes. La corrupción puede desviar los fondos destinados a la inversión en la niñez, lo que puede resultar en una falta de recursos para programas y servicios esenciales. Esto puede llevar a una falta de acceso a la educación, lo que puede tener un impacto económico significativo.
Es imperativo que el Estado refuerce las medidas de protección y prevención, que se apliquen las leyes con rigor y que se promueva una cultura de respeto y valoración de la niñez. Las cifras alarmantes de denuncias por delitos contra niños y mujeres no pueden seguir en aumento; es una llamada de atención que no podemos ignorar.
Como sociedad, debemos cuestionarnos qué nos ha llevado a este punto y cómo podemos revertirlo. La educación y la sensibilización son fundamentales para erradicar la violencia y construir un futuro en el que ningún niño o adolescente tenga que sufrir lo que este joven sufrió.
En memoria de este adolescente y de todos aquellos que han sido víctimas de la violencia, que quedan en el anonimato, hago un llamado a la acción colectiva. No podemos permitir que la indiferencia nos haga cómplices de estos actos despreciables. Es hora de que unidos, trabajemos por una sociedad que proteja y valore a sus miembros más vulnerables. Porque cada niño que sufre, es un reflejo de lo que como sociedad estamos fallando en proteger a sus menores, es necesario enfatizar que la forma en que la sociedad trata a los niños y adolescentes, refleja la miseria de la humanidad.
