La justicia social es un principio y valor colectivo que se fundamenta en el fin último de un Estado democrático, como lo es el bien común, que requiere implementar acciones en beneficio de todos sus ciudadanos de forma equitativa, reivindicando los derechos pertinentes para lograr sociedades armónicas, en ánimo de alcanzar altos niveles de desarrollo humano. Todo ello implica un compromiso de quienes dirigen la organización jurídica de la sociedad (Estado) para minimizar las brechas de desigualdad y pobreza
A lo largo de la historia de Guatemala, el que hacer del Estado ha estado orientado por lógicas excluyentes que privilegian a sectores mínimos, generando discriminación y violación a los derechos humanos en relación a la mayoría de la población. Las principales víctimas han sido pueblos indígenas, mestizos pobres, mujeres y minorías específicas, lo cual ha originado una sociedad altamente injusta que le niega a dichos sectores, el acceso a la educación, a espacios sociales, laborales, políticos y económicos, que además, a través de instrumentos como el fanatismo religioso, la corrupción y la concentración de riqueza en pocas manos, han creado un sistema elitista que se reproduce.
A pesar de que las Naciones Unidas establecen el 20 de febrero como el día internacional de la justicia social, “buscando apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el acceso al bienestar social y la justicia social para todos” (2007, p.3) en Guatemala esto es una utopía y lejos de conmemorarse dignamente, es alarmante el incremento de la violencia, la criminalización, la miseria, la cooptación del Estado y la violación de derechos humanos.
Luchar por la justicia social en Guatemala, también resulta un acto temerario.
Datos de La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala, resaltan que en 2020 se registraron 844 agresiones en contra de organizaciones, comunidades, instituciones y personas defensoras de derechos humanos, de los tipos de agresiones en contra de las personas, se registran 303 casos de hostigamiento, 287 de criminalización, 86 denuncias sin fundamento y 15 detenciones arbitrarias e ilegales.
Si bien existen esfuerzos dignos por parte de movimientos sociales y de algunas organizaciones comprometidas, la justicia social exige un conglomerado consciente, multicultural, sin distinción de género, condición económica o clase social, que advierta la necesidad de construir una cultura de paz, la cual sólo será posible a través de un Estado que no responda a intereses particulares, del crimen organizado o de élites dominantes emergentes o de carácter histórico.
Glenda Ixtabalán:
Trabajadora Social, lideresa maya-k’iche’, con estudios sobre descolonización, defensa de territorio, género y diversidad. Ha sido ponente en congresos a nivel nacional e internacional y ha publicado artículos en libros y revistas. Laboró para Trocaire y ahora lo hace para la Seattle International Fundation.
