Con pancartas en mano y un firme clamor de justicia, familiares y la madre del bebé André Ovalle, de seis meses de edad, realizaron un plantón la tarde del jueves frente a la sede del Ministerio Público (MP), en la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango.
José Cancinos/ laprensadeoccidente.com.gt
La manifestación tuvo como objetivo exigir avances concretos en el proceso legal por la muerte del menor, ocurrida el 24 de diciembre de 2025, en uno de los ingresos al municipio de Salcajá.
Según el relato de la familia, el bebé fue atropellado por un vehículo conducido por María Celeste Gramajo Ovalle, quien también provocó daños materiales. Como consecuencia del accidente de tránsito, el niño falleció en el lugar. Desde entonces, los familiares denuncian lentitud en las diligencias judiciales y temen que la sindicada evada la justicia.
Avances del proceso legal
Durante el plantón frente al MP, los familiares expresaron su indignación y reiteraron su exigencia de que el caso no quede en la impunidad. El abogado de la familia, Jhonnatan Tobar, explicó el estado actual del proceso legal.
De acuerdo con el profesional, tras el accidente, la sindicada permaneció bajo resguardo en el Hospital Regional de Occidente, de donde egresó el 2 de enero de 2026. Posteriormente, las autoridades le otorgaron arresto domiciliario.
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Asimismo, el abogado indicó que ambas partes han sostenido conversaciones; sin embargo, la defensa de la sindicada ha planteado acuerdos económicos que oscilan entre Q20 mil y Q50 mil. La familia del menor rechaza dichas propuestas, al considerarlas insuficientes e inaceptables ante la pérdida irreparable de una vida.
La audiencia de primera declaración de María Celeste Gramajo Ovalle aún no se ha realizado y está programada para el próximo 27 de enero de 2026.
Solicitan mayores medidas legales
Uno de los principales reclamos durante la protesta fue la exigencia de medidas legales más estrictas, en especial la prohibición de salida del país para la presunta responsable, ante el temor de una posible fuga.
“El proceso legal ya inició, pero exigiremos que las autoridades verifiquen la situación actual de la sindicada y garanticen que no abandone el país. Solicitaremos control migratorio para evitar el riesgo de fuga y asegurar justicia para el bebé André”, afirmó el abogado Tobar.
El caso ha generado consternación en Salcajá y Quetzaltenango, y se ha convertido en un nuevo llamado de atención sobre la responsabilidad vial y la necesidad de una justicia pronta y efectiva.
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