Este martes 7 de abril se cumplen 12 días desde que transportistas urbanos incrementaron de forma ilegal el precio del pasaje en la ciudad, al pasar de Q2.50 a Q3.50, un aumento de Q1 que ha impactado directamente la economía de las familias.
José Cancinos/ laprensadeoccidente.com.gt
El alza, que no cuenta con autorización del Concejo Municipal, ha generado inconformidad entre los usuarios, quienes señalan la falta de acciones por parte de las autoridades.
El servicio de transporte urbano opera bajo concesión de la Municipalidad de Quetzaltenango, por lo que cualquier modificación en la tarifa debe contar con la aprobación del órgano edil. Sin embargo, hasta la fecha no se han implementado medidas para frenar el cobro indebido.
Por su parte, los transportistas justifican el incremento con el alza en el precio de los combustibles, lo que —según indican— ha elevado sus costos de operación. No obstante, este argumento no sustituye el procedimiento legal requerido para autorizar ajustes en la tarifa del servicio público.
Usuarios del transporte colectivo manifiestan que, aunque consideran el aumento arbitrario, se han visto obligados a pagarlo debido a la necesidad de movilizarse hacia sus trabajos, centros educativos y otras actividades. La situación afecta con mayor fuerza a las familias con varios integrantes que dependen del servicio.
“Tengo tres hijos y a diario gastan seis pasajes. Cuando pagábamos Q2.50 eran Q15 diarios; ahora son Q21”, relató Ingrid Ixcot, mientras esperaba una unidad en una parada cercana al Hospital Oftalmológico, en la zona 1 de la ciudad.
En distintos puntos de Quetzaltenango se repiten casos similares, lo que evidencia el impacto acumulativo del alza en los hogares. La falta de regulación ha generado incertidumbre y malestar entre la población.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han anunciado acciones concretas, lo que ha provocado cuestionamientos sobre el control y la supervisión del servicio concesionado. Mientras tanto, los usuarios continúan pagando una tarifa que consideran injusta, en medio de la falta de respuestas oficiales.
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