Presentan denuncias en contra del superintendente de Administración Tributaria y fiscales del MP; se les señala de abusos y otros delitos durante operativos en Xela por un supuesto caso de defraudación tributaria.

Byron de León -al centro-, Julio Abel García Alvarado, María Fernanda De León Maldonado y el abogado Carlos Martínez, durante la conferencia de prensa.

José Racancoj/La Prensa de Occidente
El pasado 17 de febrero se dio una serie de allanamientos y se ejecutaron tres órdenes de captura en Xela por un supuesto caso de defraudación tributaria.

Ese día fue arrestado el consultor tributario y defensor fiscal Byron de León, del Buró Auditores GT con sede en Quetzaltenango, así como Julio Abel García Alvarado y María Fernanda De León Maldonado. El primero fue señalado de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, y los otros dos de estafa mediante información contable.

Más de un mes después de los operativos, tanto a Julio García como a Fernanda De León se les dictó falta de mérito, mientras que sólo Byron de León fue ligado a proceso por los delitos señalados.

Este lunes 20 de marzo, los tres ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron una serie de inconsistencias en la investigación que realizó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio Público (MP), así como diferentes arbitrariedades y abusos durante los allanamientos y operativos realizados el 17 de febrero.

Carlos Martínez, abogado de los señalados, aseguró que los operativos fueron un “show mediático”, con el cual se le vulneraron los derechos a los detenidos.

Y agregó que se presentó una denuncia penal en contra del titular de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes, por el delito de tráfico de influencias. También en contra de Juan Carlos Ramírez, mandatario especial judicial con representación de la SAT, y Liseth Posadas Palma, auditor tributario.

También se denunció a los fiscales Claudia Galindo Ramírez, Joselyn Dayana Estrada, Abner Alfredo Ramos y Erick Giovanni García por abuso de autoridad.
Además, hay una denuncia en contra de Rubén Herrera, fiscal de la fiscalía de Delitos Económicos del MP de Guatemala, por retención de información.

Bayron de León explicó que también se presentaron denuncias en contra de dos auditoras que participaron en su procedimiento de fiscalización, debido a que, según su consideración, incurrieron en delitos de usurpación de atribuciones y falsificación de sellos. Ellas son Amelia Azucena Mauricio y Wendy Marisol Bonilla.

A eso se suma una denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala en contra del titular de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes, por faltas a la ética, haber afectado su honor y prestigio profesional, negligencia, impericia y mala práctica.

Cuestionan procedimiento
El abogado Martínez cuestionó por qué el MP decidió solicitar las órdenes de aprehensión y los allanamientos ante un Juzgado de Diligencias Urgentes, cuando ya había un juez contralor que conocía el caso, ya que la investigación tenía más de dos años.

Agregó que durante los operativos estuvo presente personal de la SAT, pese a que no tenía autorización para estar ahí.

“A nosotros se nos vincula como defraudadores de impuestos, pero lo que nosotros hacemos es ser auxiliares de la función recaudadora, nosotros recibimos IVA, ISR, ISO de nuestros clientes y los pagamos, y la SAT está interpretando que todos eso son honorarios que nosotros no facturamos. Creo que ellos lo sabían desde el inicio pero montaron todo este caso con la única intención de pegarle un golpe a nuestra profesión”, señaló De León.

Martínez comentó que buscarán sobreseimiento del caso, que a su criterio está “planteado de muy mala forma y de manera no objetiva”.